Xalapa | 2023-07-02
Algunos contralores internos de los órganos autónomos, con señalamientos de posible conflicto de interés y actos de corrupción, son los que podrían ser reelectos en el cargo por cinco años más, tras la aprobación de una reforma avalada por la mayoría de MORENA y aliados, llevada a cabo este viernes.
De entre los contralores internos, destaca el caso de Rafael Ambrosio Caballero Verdejo, actual titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien a diferencia de sus homólogos, no concluirá su encargo el 31 de julio, por haber sido nombrado el 14 de noviembre de 2019, tras la renuncia de María del Pilar Beltrán Cisneros.
En el caso del contralor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), de acuerdo con la resolución que puso fin al Tejav y dio paso al nuevo tribunal, tanto los magistrados como el titular del Órgano Interno de Control, Mauricio Eduardo Jonguitud Piñeiro fueron cesados de sus puestos, con indemnización de tres meses de percepciones ordinarias.
A la fecha, la misma página del TRIJAEV no tiene registro de la persona encargada de despacho de la contraloría, por lo que no se sabe si durante medio año, ha estado trabajando sin supervisión.
Otro órgano que mantiene acéfala la titularidad de la contraloría interna es el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), pues en diciembre pasado Alfonso Velázquez Trejo fue detenido por presunta corrupción.
Trejo fue el responsable de las denuncias que actualmente mantienen bajo proceso penal a todos los excomisionados del IVAI. En la página del Instituto, efectivamente aparece vacío el apartado del directorio por cuanto hace al titular del órgano interno de control.
Con esos antecedentes, serán los titulares de las contralorías de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Órgano de Fiscalización Superior del estado (ORFIS), y del Congreso del Estado, nombrados el 31 de julio de 2018, pueden gozar de una reelección por cinco años más desde el 1 de agosto.
En la Contraloría Interna del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Emmanuel Vázquez Jiménez podría quedarse otros cinco años pese a los señalamientos de corrupción en su contra y que son de conocimiento del propio Congreso.
Y es que, durante la comparecencia de Delia González Cobos a principios de este año, los propios diputados de Morena exhibieron que el servidor público ha dado hasta cinco contratos por adjudicación directa a su esposa, Eva Yalila Leal Castellanos, por un monto que supera los 66 mil pesos.
El primer contrato fue el 732A2 del 22 de diciembre de 2020 por la adquisición de frascos decorativos para obsequios navideños. Por ellos, el Orfis le pagó 15 mil 660 pesos; también el contrato DC095, a través del cual se realizó la adquisición de agenda semanal y diaria con serigrafía por un monto de 15 mil 286.48 pesos.
En el caso del tercer contrato, el 3BD2A, fue suscrito el 5 de marzo de 2021 por un monto de 2 mil 911.6 pesos mexicanos por el servicio de impresión de cubrebocas y mascadas.
Dos meses después, el 18 de mayo de 2021, el Orfis otorgó un nuevo por 2 mil 876.8 pesos mexicanos por el servicio de impresión en pañuelos, pañoletas y cubrebocas.
Finalmente, en diciembre de 2021 prestó el servicio de decoración y mesa de dulces para una comida, por el que el organismo le pagó 30 mil pesos.
Para el caso del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, René Buenrostro Hernández también podría repetir.
Aunque es panista y ha sido representante de dicho partido en los órganos electorales principalmente en Córdoba y Orizaba, su llegada al poder fue avalada también por Morena, en el ocaso de la era yunista.
Buenrostro es recordado porque a principios de este año, inhabilitó y sancionó a cinco panistas de la 64 legislatura, donde fue nombrado.
Las sanciones las emitió a Sebastián Reyes Arellano, inhabilitándolo por un año por no presentar su declaración anual; a Arturo Esquitín, amonestado públicamente y con una indemnización al Congreso por 12 mil 443 pesos por llevarse una computadora que no era de su propiedad.
También sancionó a Sergio Melo Hernández, excoordinador de Comunicación Social en la era panista y quien también fue amonestado y tendrá que pagar 11 mil 100 pesos por negligencia al no tener los cuidados de uso y protección para los bienes muebles entregados a su resguardo.
Los otros dos funcionarios menores sancionados son Eric Alejandro Tenorio Osorio, que tendrá que pagar 48 mil pesos como indemnización; y Rafael López, que deberá pagar 32 pesos. Ambos subordinados de Melo y con la misma justificación de no haber cuidado los bienes a su resguardo.
En tanto, en la Contraloría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos actualmente funge como contralor el priista Adolfo Toss Capistrán, exdirector del DIF municipal de Xalapa y excandidato a diputado local.
Por último, en la Contraloría de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Mariano Alvarado Martínez también podría quedarse cinco años más.