Detecta ASF posible fraude en sistema estatal de videovigilancia de MAYL

Xalapa | 2020-02-21 | Jesús Ruíz

A la actual administración de Cuitláhuac García que denunció un presunto fraude ante la FGR con el sistema estatal de videovigilancia, ahora se suma la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que observó 350 millones de pesos de recursos federales entregados para dicho programa en 2018.

El órgano reportó que el 100 por ciento de los recursos están observados por posible daño a la Hacienda Federal, ya que los bienes supuestamente adquiridos, es decir las cámaras de vigilancia, “no fueron localizados”.

“El concepto de irregularidad asociado con un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal se vinculó con la adquisición de bienes no localizados durante la verificación física realizada en la auditoría por 349.8 millones de pesos, que significó el 100 por ciento de los recursos observados”.

Cabe destacar que en el documento se comprueba que el gobierno de Yunes Linares generó un presunto daño patrimonial de casi mil 897 millones de pesos en ese ejercicio, el último de su bienio.

El gobierno de Yunes Linares incumplió con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado y de las Políticas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la SSP en Veracruz.

“Por realizar pagos sin identificar los bienes adquiridos, ni registrarlos en su inventario y resguardo correspondiente, y sin acreditar el correcto funcionamiento de estos, así como de su entrega formal (…).

“En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”.

En abril de 2019 el Gobierno de Cuitláhuac García presentó una denuncia a través de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de fraude en el llamado Sistema Estatal de Videovigilancia.

Los funcionarios detallaron que en total para el sistema se invirtieron mil 100 millones de pesos de un contrato con COMTELSAT, aunque sólo operaban el 28 por ciento de los equipos, de 6 mil 324 cámaras.