Xalapa | 2023-07-05
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia contra el gobierno de Veracruz debido a las irregularidades cometidas en la administración de Javier Duarte de Ochoa, en la que se desviaron más de mil 651 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
La denuncia se basa en la auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño 16-A-30000-14-1665 1665-DS-GF, en la cual se supervisaron dos mil 257 millones 285 mil pesos; es decir, el 100 por ciento de los recursos transferidos al estado en 2016.
Estos fondos fueron desviados para pagar la nómina de los maestros.
La auditoría reveló que, durante el ejercicio de los recursos, el gobierno de Veracruz no cumplió con las normativas establecidas, especialmente las del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Estas inobservancias generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de mil 651 millones 645 mil pesos.
Es importante destacar que esta cantidad representa el 73.2 por ciento del monto auditado, lo que a su vez tuvo un impacto negativo en la población objetivo, ya que se dejaron de ejercer recursos por 158 millones 243 mil pesos.
Uno de los hallazgos más relevantes fue que el gobierno de Veracruz transfirió el 75 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016 a otra cuenta bancaria que habían abierto específicamente para la administración de dichos recursos.
El 25 por ciento restante se mantuvo en la cuenta original para la amortización de la deuda con el Banco Nacional de Obras (Banobras).
De un saldo total acumulado en el banco fiduciario de 564 millones 321 mil pesos, el gobierno de Veracruz pagó a Banobras un total de 475 millones 581 mil pesos, mientras que el saldo restante de 88 millones 739 mil pesos fue transferido a la segunda cuenta bancaria.
Según lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación, la segunda cuenta bancaria administró un total de 1,781,704.3 miles de pesos, mientras que en la cuenta del fiduciario permanecieron recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por 475,581.6 miles de pesos destinados a la amortización de la deuda.
En respuesta a estas acusaciones, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave afirmó haber implementado "las medidas necesarias" para transferir los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016 a la Secretaría de Educación de manera ágil y sin limitaciones o restricciones adicionales a las establecidas en las disposiciones aplicables.
Sin embargo, la Auditoría encontró que el área encargada de ejecutar los recursos del fondo carecía de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitaban el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Esto incluía la falta de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la gestión del fondo durante 2016.
El gobierno de Veracruz no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo, lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Además, se determinó que no se había elaborado un Plan Anual de Evaluación y que no se realizó la evaluación del desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016.
Asimismo, el Gobierno de Veracruz no publicó la aplicación de los recursos del fondo en su página de internet, lo que va en contra de los principios de transparencia y rendición de cuentas.
La ASF concluyó que los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el Gobierno de Veracruz utilizó 1,399,398.8 miles de pesos (62.0 por ciento del monto asignado) de manera inapropiada, destinándolos al pago de la nómina administrativa y docente de la Secretaría de Educación del Estado, lo cual no cumplía con las condiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.
Además, se transfirieron a otras cuentas bancarias 249,800.0 miles de pesos (11.1 por ciento del monto asignado) que, hasta la fecha de la auditoría, no habían sido reintegrados a la cuenta del fondo.
Por otro lado, se invirtieron 475,581.6 miles de pesos (21.1 por ciento del monto asignado) en el saneamiento financiero; pero de esta cantidad, 350,287.7 miles de pesos correspondían al pago de intereses, y no se logró una reducción efectiva de la deuda.