Xalapa | 2023-04-18
La diputada local de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Maribel Ramírez Topete, presentó una iniciativa en la Diputación Permanente para limitar la obtención de licencias de conducir y el trámite de escrituración de bienes a los deudores de la pensión alimentaria en el estado.
La legisladora argumentó que es necesario garantizar el cumplimiento de esta obligación siguiendo el marco jurídico nacional que se actualizó con reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.
Ramírez Topete afirmó que se deben realizar modificaciones en la competencia estatal, en lo que se refiere a los requisitos para la obtención de licencias y permisos para conducir, y a los trámites para la compraventa de bienes inmuebles y transmisión de derechos reales ante notario público.
Según la diputada, es necesario avanzar para establecer el requisito de la presentación de certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para procedimientos y tramitaciones en lo local, así como lo municipal.
La iniciativa de Ramírez Topete se da en el contexto de la aprobación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en marzo de este año por el Congreso de la Unión.
Según la diputada, este registro y otros fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohíben que los deudores alimentarios morosos puedan postularse a cargos de elección popular, hasta que cancelen la deuda, así como para contraer matrimonio y salir del país.
La legisladora destacó que el incumplimiento por los progenitores en cuanto al pago de la pensión alimentaria es una constante en Veracruz, en una proporción de tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben su pensión.
La iniciativa con proyecto de decreto reforma y adiciona disposiciones a la Ley de Tránsito y Transporte y a la Ley del Notariado, siendo turnada a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Transporte, Tránsito y Vialidad.
La iniciativa de la diputada busca garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria de los progenitores hacia sus hijos, protegiendo así la integridad de los menores. La propuesta será analizada por las comisiones correspondientes para su posterior discusión y votación en el Congreso local.