Xalapa | 2024-05-06
Exponiendo la corrupción en el Cuartel "Heriberto Jara Corona", conocido como "Cuartel de San José", ciudadanos y activistas de Xalapa denunciaron la práctica fraudulenta de aplicar el alcoholímetro de manera irregular y detener a conductores de motocicletas y automóviles de forma arbitraria.
El objetivo es que paguen grandes sumas de dinero a las concesionarias de grúas para recuperar sus vehículos remitidos a los corralones.
En entrevista afuera de estas instalaciones, César Ramírez, un ciudadano afectado, relató su experiencia como víctima de este sistema del gobierno de Cuitláhuac García.
"Iba en la avenida Américas y me detuvieron. Me dijeron que me iban a hacer una revisión y nada más. Te bajan del vehículo, te apagan la motocicleta, después llegó una unidad, una camioneta por mí porque eran motocicletas y me distraje y me esposaron", explicó Ramírez.
Además, señaló que nunca recibió los resultados de la prueba de alcoholemia aplicada por los efectivos de vialidad y ahora se enfrenta al pago de seis mil 500 pesos para recuperar su motocicleta.
Esta situación se agrava al perder un día de trabajo sin haber cometido ninguna infracción.
Ramírez no está solo en su lucha. Ricardo Alarcón, presidente de Resistencia Ciudadana Xalapa, destacó que los trabajadores del área jurídica del cuartel están demorando la emisión de los documentos necesarios para liberar los vehículos y motocicletas del corralón.
Incluso, están exigiendo pagos adicionales que deberían ser innecesarios.
"Prácticamente todos los días decenas de personas se encuentran afuera del cuartel, quienes les reportan que no les entregan los resultados de sus pruebas de alcoholímetro o les aplican multas de hasta 14 mil pesos por el arrastre y el resguardo en el corralón", enfatizó Alarcón.
El activista recordó los requisitos para la liberación, que incluyen documentos básicos como la factura original, tarjeta de circulación, licencia y comprobante de domicilio.
Destacó que cualquier persona debería poder realizar este trámite, independientemente de si es el propietario del vehículo o no.
Alarcón también destacó la posible colaboración entre las empresas concesionadas como Grúas Méndez, MG, entre otras, y los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que sugiere un beneficio mutuo en estos trámites lucrativos para el gobierno.
Finalmente, Alarcón hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de ser detenidos, exijan el parte médico, tomen fotografías y se nieguen a firmar documentos si no comprenden su contenido o son hojas en blanco.