Xalapa | 2023-04-07
La auditoría realizada por el actual alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, a la administración pública de su predecesor, Hipólito Rodríguez Herrero, significó un costo millonario por el contrato que se adjudicó al Despacho Integral de Contadores y Asociados (DICA), S.C., para realizar la revisión integral.
De acuerdo con documentos públicos del ayuntamiento, el gasto ascendió a dos millones 900 mil pesos y fue aprobado a principios de 2022 por el Cabildo.
La auditoría se centró en la Tesorería, la Dirección de Administración o Adquisiciones, la Contraloría, la Sindicatura, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, así como la Dirección de Desarrollo Social.
Este proceso se llevó a cabo a la par de la fiscalización del Congreso del Estado, en donde se detectó que la administración de Rodríguez Herrero tenía observaciones de presunto daño patrimonial, especialmente en 2021, cuando se detectaron anomalías en el gasto de 42 millones 51 mil pesos por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
En enero de 2023, Rodríguez Herrero afirmó que la auditoría fue llevada a cabo mediante procedimientos al margen de la ley, lo que lo llevó a promover amparos ante la justicia federal.
Rodríguez Herrero subrayó que no se opone a la transparencia de su gestión como presidente municipal de Xalapa, pero que los actuales funcionarios de la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Tesorería y la Contraloría del Ayuntamiento incurrieron en omisiones en cuanto a la documentación que recibieron cuando concluyó su mandato.
"Es un tema en el cual lo que está en juego son los procedimientos. Nosotros solicitamos un amparo porque los procedimientos, desde nuestro punto de vista, no se apegan a la ley (...).
Además, ante los resultados de la segunda evaluación realizada por el Orfis a la cuenta pública 2021, Rodríguez Herrero dijo confiar en que se pueda aclarar el presunto daño patrimonial una vez que comience la segunda fase de fiscalización.
El exalcalde sostiene que en su momento podrá comprobar el gasto ejercido durante la nueva fase de fiscalización, la cual derivará en la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones. Sin embargo, cuestionó la auditoría realizada por su sucesor.
El pasado mes de marzo, un Tribunal Colegiado de la Justicia Federal instruyó a un Juez de Distrito a estudiar a fondo el amparo de Rodríguez Herrero, quien se niega a participar en los citatorios emitidos por la actual administración.
La exsíndica única municipal, Aurora Castillo Reyes, también ha buscado ampararse contra los llamados a comparecer para efectuar la revisión del acta de entrega-recepción 2018-2021, recursos que han sido desechados inicialmente.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito determinó que la citación no le genera alguna afectación de imposible reparación o un perjuicio a su esfera jurídica, por lo que se le negó el amparo solicitado a la exfuncionaria.