Xalapa | 2023-05-26
El viernes pasado, el Congreso del Estado de Veracruz llevó a cabo una consulta a la población de personas de tallas pequeñas con el objetivo de elaborar una nueva iniciativa a su favor.
Esta consulta se llevó a cabo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la ley que reconocía a las personas de talla baja como discapacitadas.
La iniciativa, presentada en 2021, buscaba incluir a las personas de talla baja dentro de los grupos de personas con discapacidad. Sin embargo, la falta de consulta a este grupo en el proceso de elaboración de la ley llevó a que la SCJN la declarara inconstitucional, ordenando así que se repusiera todo el proceso legislativo.
Se determinó que el Congreso de Veracruz tiene como plazo máximo el 8 de junio para volver a elaborar la iniciativa y tomar en cuenta las opiniones y necesidades de las personas de talla baja.
En la consulta llevada a cabo el viernes, participaron siete organizaciones de personas con discapacidad, entre ellas Gente Pequeña o Talla Baja.
La diputada Anilú Ingram Vallines recordó que en mayo de 2020 el Congreso del Estado modificó partes de los artículos 2 y 4 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad, conocida como Ley 822.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mostró su desacuerdo con estas reformas y promovió una acción de inconstitucionalidad argumentando que eran contrarias a lo establecido en la Constitución General de la República.
En respuesta, la SCJN resolvió dicha acción y declaró inválidas las reformas, ordenando al Congreso de Veracruz que consultara a las personas con discapacidad sobre el tema, en particular a las personas de talla baja o Gente Pequeña, resaltó la diputada Ingram Vallines.
La invalidez de la reforma implica que se deben realizar consultas al grupo en relación a varios cuestionamientos, como por ejemplo, si consideran que la talla baja es una discapacidad física en lugar del término "trastorno de talla" y cuál es el término que consideran más adecuado para referirse a este grupo.
Además, si están de acuerdo en que la talla, la condición económica, el embarazo en el caso de las mujeres, la identidad política, la lengua, la situación migratoria o las preferencias sexuales de las personas con discapacidad no sean motivo de discriminación y que así lo establezca la Ley 822.