Xalapa | 2020-08-31 | Jesús Ruiz
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) sigue sin beneficiar a familiares de víctimas o a las víctimas indirectas en la entidad con reparaciones del daño.
Por esta razón, algunos de los afectados por esta situación optaron por tramitar amparos, ante la negativa de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) para emitir los dictámenes correspondientes.
Explican que cumplieron con un tortuoso proceso burocrático para acceder al Fondo, sin embargo, a la fecha la Comisión CEEAIV no ha efectuado reparaciones del daño proyectadas para este 2020.
Los amparos exponen que la comisionada, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, no ha emitido ni ejecutado dictámenes de reparación integral de daño, situación con la que se estarían violentando Derechos Humanos de víctimas indirectas.
Cabe recordar que el pasado 17 de julio se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” (FAARI), la cual se efectuó de forma virtual por la contingencia de COVID-19, en la que los integrantes abordaron estos temas.
Algunos casos en los que las víctimas que deben ser beneficiadas con la reparación corresponden a casos de desapariciones forzadas, es decir, que existe evidencia de la participación de elementos de seguridad, sin embargo, hay otros procesos en los que afectados han cumplido los trámites y hasta la fecha continúan sin acceder al resarcimiento.
Mendoza Sánchez ha informado ante medios de comunicación que se han entregado apoyos alimentarios para desaparecidos y gestionado ayuda para víctimas de feminicidios, aunque no ha hablado sobre el manejo del FAARI para realizar reparaciones del daño.
Recientemente la comisionada confirmó que el presupuesto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAIV) no se vio afectado con los recortes aplicados a partir de la contingencia del COVID-19.
Cabe recordar que el monto de la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden estatal es de hasta de 500 UMAS al mes. Cabe señalar que para que las víctimas indirectas reciban la reparación del daño se debe cumplir un complejo proceso burocrático, luego de que el Fondo se instaló en marzo de 2019 y sus reglas de operación fueron aprobadas.