Boca del Río | 2020-10-04 | Olivia Hernández
La administración de Miguel Ángel Yunes Linares en el Gobierno del Estado de Veracruz violentó el derecho a la seguridad jurídica en relación con las garantías judiciales de 16 empresarios veracruzanos con los que el estado mantiene adeudos desde la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Esto, de acuerdo con la recomendación 155/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que reconoce a los empresarios como víctimas.
Los adeudos que el Gobierno del Estado de Veracruz mantiene con los empresarios que el 22 de octubre de 2018 presentaron 16 quejas ante la CEDHV datan del periodo 2010-2016.
De acuerdo con información que la Asociación de Empresarios SOS ha proporcionado anteriormente son 450 millones de pesos los que el gobierno duartista quedó a deber a 105 proveedores.
El 27 de septiembre de 2017, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, fue publicado en el número extraordinario 386 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y en su caso validad validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016, a cargo de las distintas dependencias y entidades de la administración pública, estatal con proveedores y contratistas.
“Tal y como su denominación lo enuncia, dicho ordenamiento estableció que la Sefiplan sería la dependencia responsable de conjuntar la información y documentación correspondiente para acreditar adeudos reclamados por el período especificado y que después de la realización del procedimiento correspondiente publicaría en su portal electrónico el resultado de las diligencias realizadas para determinar la oportunidad de los respectivos pagos”, dicta la sentencia de la CEDHV para los 16 proveedores que presentaron una queja ante el organismo.
Habría más adeudos
De la resolución se desprende la probable existencia de más personas físicas y/o morales que pudieran encontrarse en la misma circunstancia que las víctimas, por lo que el organismo dejó abierta la posibilidad de solicitar la intervención con posterioridad.
“Lo anterior, tomando en cuenta que la omisión por parte de la autoridad para revisar y validar el acuerdo por el que se instruye a la secretaría de finanzas y planeación a revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016 a cargo de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal con proveedores y contratistas se traduce en una violación de tracto sucesivo hasta en tanto este no se cumplimente”, enfatiza la CEDHV.
Indagatoria omisa
En la resolución de los 16 expedientes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala que durante la investigación de hechos la Secretaría de Finanzas fue omisa en indicar ante la pregunta expresa sobre la realización de alguna acción o diligencia tendente a dar cumplimiento al acuerdo referido.
De esta forma, la CEDHV instó a que se inicie un procedimiento administrativo contra los servidores públicos involucrados en el caso, por haber incurrido en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas; así como la validación de los adeudos a las víctimas.
“La Sefiplan deberá tomar las acciones necesarias dentro de sus facultades legales que garanticen el cumplimiento de las disposiciones previstas en el acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y, en su caso, validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016, a cargo de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal con proveedores y contratistas”, señala el documento.
De la misma forma, recomienda capacitar eficientemente al personal involucrado en los hechos, en materia de promoción defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente en relación con el derecho a la seguridad jurídica y garantías judiciales.
También solicita que se evite cualquier acción u omisión que revictimice a las personas físicas y morales.