Veracruz | 2023-08-19
El Congreso de la Unión podría cambiar drásticamente el panorama de las concesiones de agua a organismos privados si logra aprobar la Ley General de Aguas, afirmó el abogado Rafael Gómez Casas.
De materializarse este escenario, las concesiones del vital líquido quedarían automáticamente canceladas por ley, lo que desencadenaría un profundo impacto en el acceso y gestión del agua en el país.
Gómez Casas subrayó que la aprobación de la salida de Medellín de Bravo del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) parecía haber sido una simulación, dado que no se proporcionó un acta de Cabildo público para respaldar la decisión.
Esta maniobra plantea interrogantes sobre la administración y operación del servicio de agua potable en los municipios de Veracruz y Medellín. El abogado destacó que, independientemente de los municipios involucrados, el agua es un derecho humano fundamental y su venta contradice esta premisa.
"Estamos a la espera de que se haga la revisión y salga la Ley Federal de Aguas. Si sale en el Congreso automáticamente todas las concesiones van a quedar canceladas por ley, por decreto. Así sean los municipios que sean el agua es un derecho humano y no se puede vender pero la están vendiendo", afirmó Gómez Casas.
En el caso de Medellín de Bravo, la situación de desincorporación del Grupo MAS despertó dudas sobre su autenticidad, ya que, además de una solicitud al Congreso local, se debería generar un acta de Cabildo que respalde el acuerdo.
"Se cree que es simulación", apuntó el abogado, señalando la necesidad de transparencia y legalidad en este tipo de acciones.
Angélica Navarrete, parte del movimiento civil que busca abordar los problemas en la distribución de agua en Medellín de Bravo, también expresó sus preocupaciones.
Subrayó que la declaración de desincorporación necesita una base sólida y clara, con la respectiva solicitud al Congreso del Estado para que este pueda autorizar la decisión.
La remoción de Medellín de Bravo del Grupo MAS fue motivada por problemas de gestión y distribución del agua.
Marcos Isleño, alcalde del municipio, aseguró que la desincorporación se llevará a cabo sin enfrentar problemas legales ni tener que pagar indemnizaciones. A pesar de esto, la incertidumbre en torno a las concesiones privadas y la regulación futura del agua plantea cuestiones profundas y cruciales.