Veracruz | 2022-11-02
En tanto no sea publicado en la gaceta oficial del estado, el dictamen por el que, el Poder Legislativo no aprobó o rechazó el informe del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) relativo a las cuentas publicas de los entes fiscalizables de Veracruz correspondientes a 2021, no existe obligación legal de atender las observaciones y mucho menos le corre plazo al órgano autónomo, destacó en entrevista exclusiva para Imagen de Veracruz, la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos.
La funcionaria destacó, que una vez que se formalice la determinación del Congreso, del supuesto rechazo, tendrían que reunirse en primer momento con la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo para conocer el motivo del rechazo y proceder a una segunda valoración del informe que entregaron en un inicio, donde en su mayoría, las observaciones consisten en inconsistencias de administrativas.
Y es que, según lo difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, diputados habían anunciado ya el rechazo a dicho informe al considerar que la cuenta pública tenia severas inconsistencias pues, según su decir se solapaban actos de corrupción de alcaldes o autoridades municipales al no emitir sanciones por obras inconclusas o de mala calidad, pero la Auditora del estado refirió que al momento, no tiene conocimiento de la fundamentación y motivación que llevaron a los diputados al rechazo de dicha fiscalización correspondiente al 2021.
En tanto el rechazo a la cuenta publica de 2021 no se publique en la gaceta, no sea publicado oficialmente en la gaceta, éste no tiene ningún efecto jurídico y por lo tanto no corre termino, ni obligación para el ORFIS de acatar dicha determinación del Poder Legislativo y es que cualquier ley o dictamen debe de publicarse para que se formalicen sus efectos y exista obligatoriedad a cumplirse con lo determinado o dispuesto.
De ahí que la auditora del ORFIS declaró en exclusiva a Imagen de Veracruz que se encuentra a la espera de conocer los motivos del rechazo una vez que dicha determinación sea publicada en la gaceta oficial y el termino empiece a correr. Por ahora Delia González considera que el Congreso tomó una determinación basada tal vez en algunas expresiones ciudadanas que llegaron a los diputados y quienes así intentan atender su función como representantes del pueblo.
Delio González reiteró que el ORFIS cumplió con su deber realizando un trabajo profesional apegado a la ley. Destacó que aún no tienen claridad del motivo de rechazo a la cuenta publica 2021, pero en tanto no se publique en la gaceta dicha determinación del Congreso, existe incertidumbre y se encuentran imposibilitados para atender, pues desconocen el fondo, además de que legalmente no estarían obligados a modificar o realizar una nueva valoración.
El dictamen propuesto por la Comisión Permanente de Vigilancia que rechazó el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2021, se aprobó con 45 votos a favor, con el apoyo de todas las bancadas legislativas. Al hacer uso de la voz en tribuna, el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Rafael Fararoni Magaña, señaló que como representantes populares deben mantener la confianza del pueblo, de ahí, justificó el rechazo.
Según el dictamen aprobado el pasado 24 de octubre, el Poder Legislativo informó a través de la Comisión de Vigilancia que se advertían irregularidades, discrepancias entre las documentales y aparentes montos solventados de los ayuntamientos, motivo por lo cual señalaron no había sido posible evaluar los resultados de las gestiones financieras de entes fiscalizables, entre ellos ayuntamientos.
Es así que el ORFIS, declaró su titular, estará atento a la publicación de dicha determinación del Congreso, para proceder a calendarizar reuniones con la comisión de vigilancia y expliquen con claridad cuales serían los rubros motivos de una nueva valoración, pues reiteró que el ORFIS realizó un trabajo profesional, exhaustivo y apegado a la legalidad.
Cabe precisar que al aprobar el rechazo a dicha cuenta publica el Poder Legislativo otorgó un plazo no mayor a 90 días naturales para efectuar una nueva valoración y revisión, plazo que no ha comenzado a correr, pues esto ocurrirá cuando dicho decreto se publique en la gaceta oficial del estado, hecho que no ha ocurrido. Han trascurrido 8 días de la sesión en la que se rechazo y aún no se oficializa dicha determinación.
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