Veracruz | 2020-06-15 | Heladio Castro
Si las manifestaciones ciudadanas responden al hartazgo social o no, y si alguien se infiltra y las vandalizar o no, el hecho es exhiben la debilidad de las policías y se requieren esquemas con participación de otros organismos, aseveró Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
Explicó que además de uniformados se requiere estrategia y abrir la puerta a la participación de corporaciones privadas.
Explicó que el caos intensificado en últimas semanas en varios puntos del país, con disturbios y destrozos cada vez más comunes por encapuchados que no dan la cara, obedece a la falta de reacción de las policías, instrucciones poco claras de sus mandos, así como protocolos ambiguos, imprecisos e inoperantes para responder en tiempo y forma.
Resaltó que según los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos 26 mil 700 policías en México no aprobaron los exámenes de control y confianza y pese a ello, sólo se dio de baja a cerca del 1.4 por ciento, lo cual lleva a preguntarse en manos de quién está la seguridad de los mexicanos.
Aseveró que México requiere un plan y una institución de seguridad pública transexenal y evitar que cada gobierno entrante reinvente su estrategia, pues hay cosas que vale la pena continuar, y no todas deben ser desechadas.
Propuso que las fuerzas gubernamentales se auxilien con las privadas, marcando perfectamente las atribuciones y límites de estas últimas.
"Ante protestas violentas que salen de control, la seguridad privada, como coadyuvante de la seguridad pública, debe videograbar a todos los
manifestantes, utilizando un software de reconocimiento facial, para después apoyar en el levantamiento de las actas correspondientes contra daños patrimoniales.
"La seguridad privada no puede contener a los manifestantes violentos, pero puede implementar protocolos de cierre para proteger aparadores, bajar cortinas oportunamente y presentar la evidencia en video de quienes generaron los daños, a través de mecanismos jurídicos establecidos acorde a cada situación", sugirió Desfassiaux.
Dejó en claro que no se propone coartar la libre expresión ciudadana ni imponer la ley del garrote, sino apoyar a las autoridades para que nadie se infiltre en auténticos reclamos sociales para delinquir al amparo del anonimato que da el ocultarse el rostro.