Veracruz | 2023-02-13
El Congreso del Estado no cuenta con recursos para realizar consultas como lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al invalidar la reforma al artículo 5 de la Constitución de Veracruz sobre los derechos de los pueblos afromexicanos, y para consultar a las personas con discapacidad sobre la posibilidad de incorporar la talla baja como una forma de discapacidad.
Lo anterior lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, quien argumentó que los congresos locales no cuentan con recursos para realizar consultas por iniciativas.
"Lo que pasa es que los congresos no tienen para operar una consulta; si mandas 20 iniciativas en un mes cada consulta, imagínate desde Coatzacoalcos hasta Huayacocotla, te va a salir fácil en 5 o 6 millones de pesos, entonces hablaríamos de cerca de 200 millones de pesos más para los congresos mensuales para efectuar este tipo de consulta", dijo.
Gómez Cazarín aseguró que ha sostenido reuniones con autoridades para resolver el tema ya que, reiteró, no cuentan con los recursos para realizar dichas consultas.
"Yo estoy teniendo reuniones con los ministros y con las autoridades correspondientes para ver cómo sacar el tema porque no es fácil estar haciendo consulta. Ustedes saben lo que se gasta el OPLE en hacer este tipo de vigilar las elecciones, pues casi nos quieren poner igual a los congresos y no tenemos el recurso", mencionó.
Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso del Estado, que tiene un plazo no mayor a 12 meses, para que realice consultas a los pueblos afrodescendientes, como parte de la reforma al artículo 5 de la Constitución de Veracruz, la cual invalidó.
En dicha reforma, se reconocen los derechos de los pueblos afromexicanos, pero los legisladores locales nunca les preguntaron, ni les hicieron una consulta, a lo cual están obligados.
El 4 de marzo del 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 551, mediante el cual se reforma el párrafo séptimo del artículo cinco de la Constitución Política del Estado.
Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó la legislación, con el argumento que era violatoria de la constitución federal que establece la obligación de consultar a los grupos vulnerables, sobre cualquier reforma que se pueda realizar a las leyes locales.
Este fue el segundo emplazamiento que la SCJN realizó al Congreso del Estado, el primero fue para consultar a las personas con discapacidad sobre la posibilidad de incorporar la talla baja como una forma de discapacidad.