Ciudad de México | 2024-09-13
Promovida animosamente por funcionarios del gobierno de Javier Duarte y una actual funcionaria de la Fiscalía General del Estado (FGE), una empresa de biocombustibles, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue demandada por las autoridades de Veracruz tras el incumplimiento de obligaciones contractuales.
En febrero de 2016, el Congreso de Veracruz le autorizó la donación de un terreno de 47 hectáreas en el municipio de Tierra Blanca a Etanoplus.
El objetivo era construir una planta etanolera que prometía generar más de mil empleos para la región y procesar subproductos de la caña de azúcar, como bioetanol y biofertilizantes.
Acompañado por el entonces procurador estatal de Protección del Medio Ambiente, Dalos Ulises Rodríguez Vargas, en la presentación del proyecto ejecutivo, el director general del Instituto Veracruzano de Bioenergéticos (Inverbio), Osiel Castro de la Rosa, presumió el compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz para garantizarle las mejores condiciones a la empresa.
Por su parte, una actual funcionaria de la Fiscalía General del Estado y entonces diputada local afirmó que eran muchos los beneficios que tendrían los productores de la región de la Cuenca del Papaloapan con la puesta en marcha de esa falsa etanolera.
Marcela Aguilera Landeta, actualmente fiscal de Investigaciones Ministeriales de la FGE, celebró en ese entonces que la empresa procesaría materia prima como el bagazo derivado de la caña de azúcar, el bioetanol, el biofertilizante y la biomasa.
Sin embargo, en el transcurso del año, la empresa no inició la construcción de la planta ni realizó los trámites ante las autoridades municipales.
Como resultado, en noviembre de 2016, el gobierno de Veracruz revocó la donación del terreno, alegando incumplimiento de los términos acordados.
Las investigaciones revelaron que Etanoplus forma parte de una red de empresas ligadas al CJNG, específicamente bajo el control de José Saúl Rodríguez Hernández, señalado como un intermediario clave del grupo.
Según las autoridades de Estados Unidos, Rodríguez Hernández está relacionado con Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", identificado como uno de los operadores más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CJNG.
La suma había sido estipulada como garantía en el contrato de donación del terreno. Además, la empresa no presentó ninguna explicación sobre por qué no se llevaron a cabo las obras o se solicitaron los permisos correspondientes.