Ciudad de México | 2023-05-08
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cambios que constituyen el primer paquete de reformas en materia electoral recién aprobado por el Congreso de la Unión, que forma parte del llamado "plan B".
"Se declara la invalidez de la totalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós", cita la sentencia aprobada por nueve votos y dos en contra.
Votaron a favor del proyecto confeccionado por Alberto Pérez Dayán:
El primer decreto de las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022 fue impugnado por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, así como por el Partido Político del estado de Jalisco denominado Hagamos e integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.
"La anulación de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral es un claro atentado contra la división de poderes. Las y los legisladores que, por mayoría y después de un intenso trabajo legislativo, aprobaron esas reformas, son representantes populares y esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia, sin despilfarro; no a los intereses de una minoría. Desafortunada hoy la decisión de algunos ministros de la SCJN.
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, celebró los argumentos respecto a la falta de claridad del proceso legislativo.
Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano destacó que este día, a partir de la invalidación del Plan B, es de celebración democrática.
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, manifestó su complacencia por el rechazo de la primera parte del Plan B y el resguardo de las prácticas legislativas.