Xalapa | 2024-10-16
El Gobierno federal, de Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca regular las condiciones laborales de repartidores y conductores que operan a través de plataformas digitales.
Según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 658 mil personas trabajan en estas plataformas, y de ellas, 272 mil, es decir, el 41 por ciento, perciben ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual.
La propuesta pretende otorgar a estos trabajadores derechos laborales bajo la protección de la ley. "No puede haber un esquema de trabajo fuera de la Ley", afirmó Sheinbaum.
La presidenta resaltó la necesidad de incluir a repartidores y conductores en el sistema de seguridad social, permitirles el acceso al reparto de utilidades y asegurar su atención médica en caso de accidentes laborales.
Entre los derechos que se contemplan en la iniciativa se incluye el aseguramiento de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la creación de normativas para regular las horas laboradas, tanto para quienes trabajan jornadas parciales como para aquellos que lo hacen a tiempo completo.
El desarrollo de esta propuesta se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría del Trabajo, las plataformas digitales, el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Uno de los elementos más importantes es la implementación de un programa piloto de 180 días, que obligará a las plataformas a adaptarse a las nuevas reglas que regirán el empleo en este sector.
De acuerdo con el esquema propuesto, los trabajadores serán inscritos en el IMSS a inicio de mes sin costo alguno, con un ajuste retroactivo y el pago correspondiente al final del mes. Además, se crearán registros patronales a nivel nacional para cada plataforma, lo que facilitará el control y la supervisión de las condiciones laborales.
En caso de accidentes de trabajo, será la plataforma con la que el empleado esté laborando la responsable de cubrir el aseguramiento. Si el ingreso del trabajador no alcanza el salario mínimo, se le ofrecerá la opción de asegurarse bajo el régimen de personas trabajadoras independientes.
Otro aspecto relevante de la iniciativa es la regulación del proceso de desconexión de los trabajadores. Para casos graves, la desconexión podrá ser inmediata, mientras que, en situaciones como el incumplimiento de pedidos o normas, la notificación deberá realizarse con al menos tres días de anticipación. En todos los casos, se deberán implementar mecanismos de revisión gestionados por personas, no por algoritmos, con el objetivo de asegurar un proceso justo.
La propuesta también considera la aplicación de una perspectiva de género, incluyendo protocolos para atender casos de acoso y hostigamiento, así como el derecho de los trabajadores a recibir el reparto de utilidades.