Xalapa | 2024-09-26
Aunque el Gobierno federal insiste en que la reforma al Poder Judicial es un hecho consumado, su constitucionalidad aún está bajo revisión. Alan Iván Torres Hinojosa, abogado y especialista en derechos humanos, explicó que varias instancias aún deben pronunciarse sobre el tema.
Esto incluye amparos y recursos que buscan revertir la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación o bien determinar su inconstitucionalidad.
Torres Hinojosa, licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y con maestrías en Derechos Humanos y Juicio de Amparo, habló sobre la suspensión definitiva en contra de la publicación de la reforma otorgada por la Juez Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Nancy Juárez Salas.
Cabe recordar que la juez ordenó detener la publicación del decreto del 15 de septiembre, argumentando que hubo violaciones al procedimiento en la aprobación de la reforma.
El abogado señaló que existe un debate sobre la procedencia de un juicio de amparo en este caso, aunque él considera que existe un precedente en 2011 que resuelve sobre dicha controversia.
El especialista explicó que, si el amparo no es considerado procedente para revertir la reforma, el Estado tendría la obligación de ofrecer otra vía para reparar los derechos que son vulnerados para los ciudadanos.
El abogado también destacó que durante el proceso legislativo para aprobar la reforma se cometieron múltiples irregularidades en ambas cámaras del Congreso. "Si no se respetan las formas, independientemente que el fondo legislativo lo que pretende sea bueno, nos dice la Constitución que no es Ley", añadió.
Torres Hinojosa argumentó que los tribunales constitucionales y expertos han señalado que no se cumplieron los requisitos de reforma necesarios, lo que impide que el debate llegue al fondo respecto a la legalidad de la reforma.
"El proceso legislativo estuvo plagado de vicios desde su origen", explicó, mencionando la presentación de la iniciativa en una legislatura pasada y las comisiones que discutieron el dictamen.
Según Torres Hinojosa, el hecho de que la reforma fuera aprobada por la LXVI Legislatura, pero presentada en la legislatura anterior, viola el principio de continuidad legislativa. "Cuando una Legislatura cesa sus funciones todo lo que haya sido aprobado por el pleno queda descartado en automático", subrayó.
Finalmente, Torres Hinojosa vinculó la postura del gobierno y los legisladores de MORENA con la actual huelga en el Poder Judicial Federal, señalando que los trabajadores están pidiendo que se restablezca el respeto al Estado de Derecho. "Es de suma gravedad que la Cámara de Diputados y la de Senadores, así como el titular del Ejecutivo, no estén cumpliendo con las instituciones", concluyó.
Aunque la reforma sigue en discusión en tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la instancia definitiva para resolver sobre su legalidad, Torres Hinojosa indicó que el fallo de la juez de Coatzacoalcos, que suspendió la publicación del decreto por tiempo indefinido, marca un precedente importante en el proceso judicial.
La juez basó su decisión en la falta de cumplimiento de los plazos legislativos, aunque esta interpretación ha generado debate, ya que la norma citada solo se aplica a iniciativas de trámite preferente, y la reforma judicial no fue presentada bajo este carácter.
Por su parte, el jurista Eduardo Andrade Sánchez calificó como incorrecta la suspensión dictada por una jueza en Veracruz, que ordenó la eliminación indefinida de la publicación del decreto de la reforma judicial del pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
Según Andrade, la medida tomada por la jueza va en contra de la Ley de amparo y carece de fundamentos legales.
Andrade Sánchez, exabogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor de 16 libros en materia jurídica, publicó un video donde compartió su perspectiva sobre la decisión judicial. En el video, comentó la resolución de la jueza de Distrito que busca revertir la reforma constitucional ya publicada.
"Comentar una resolución de una jueza de Distrito que pretende echar para atrás la reforma constitucional ya publicada el 15 de septiembre, con lo que llama una suspensión con efectos restitutorios y ordena que se elimine en el Diario Oficial lo que ya fue publicado y ya está en vigor", expresó Andrade.
SUSPENSIÓN ES INADECUADA
El jurista argumentó que la suspensión es inadecuada, ya que la Ley de amparo prohíbe expresamente que se otorgue este recurso en casos de reformas constitucionales.
"Eso es absurdo desde todo punto de vista, principalmente porque la Ley de amparo impide que proceda el amparo contra reformas o adiciones a la Constitución, la Constitución no puede ser inconstitucional y la Ley es muy clara diciéndole al juez que no procede en amparo contra ese tipo de reformas", subrayó.
Andrade Sánchez también señaló que existen otras disposiciones legales que refuerzan su posición, como la que indica que el amparo no procede contra actos ya consumados.
"Aquí el acto ya tuvo sus efectos, ya se realizó, ya se consumó, la reforma constitucional está en vigor, ya se echó a andar el proceso electoral. Es un exceso el pretender desde una posición de una juzgadora de Distrito que pueda dejar sin efecto una reforma constitucional además pasando por encima de la Ley, el deber de los juzgadores es aplicar la Ley", añadió el jurista.
Asimismo, destacó que el fallo emitido por la jueza refleja un desconocimiento de la Ley y tiene implicaciones políticas. Andrade Sánchez señaló que el conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo está afectando la imparcialidad de los jueces.
"Es más, ese hecho, esa lucha política que se está dando indebidamente a mi manera de ver entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo impediría a cualquier juez, jueza, magistrado o magistrada, el conocer de un asunto en el que tienen un interés personal", afirmó.
¿QUÉ DICE EL AMPARO?
El origen de esta controversia se remonta a la resolución de Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, quien ordenó eliminar de manera indefinida la publicación del decreto de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.
Juárez Salas argumentó que hubo violaciones en el procedimiento legislativo para aprobar la reforma, por lo que concedió una suspensión definitiva que impide su promulgación. La jueza consideró que la Cámara de origen incumplió con el plazo de 30 días naturales para discutir y votar la iniciativa, lo que a su juicio invalida el proceso.