Buscan hasta 12 años de cárcel por usar ilegalmente uniformes militares y policiales
*Se busca prevenir su uso en la comisión de delitos con el uso ilegal de uniformes militares y policiales*
Ciudad de México | 2024-04-20
El grupo parlamentario del Partido Verde (PVEM) en la Cámara de Diputados está promoviendo una iniciativa para regular y castigar la venta ilegal de uniformes, insignias y equipo distintivo de corporaciones de seguridad pública, militar y empresas proveedoras de servicios.
- El objetivo es prevenir su uso en la comisión de delitos como el robo a casa habitación. La propuesta contempla modificar el Código Penal Federal para imponer penas de cinco a doce años de cárcel, además de multas significativas, a aquellos que hagan uso de estos uniformes sin tener derecho a ellos.
La regulación propuesta busca evitar el comercio ilegal de uniformes, insignias, credenciales de identificación y otros elementos asociados con instituciones de las Fuerzas Armadas, seguridad pública y empresas de servicios.
- La diputada ecologista María del Refugio Hernández Guerrero, al presentar la iniciativa, señaló la facilidad con la que cualquier persona puede adquirir y utilizar estos productos, lo que representa un riesgo para la seguridad ciudadana.
La reforma legislativa impacta dos artículos del código, el 250 y 250 Bis 1, para establecer sanciones y regular la venta de estos productos.
- De acuerdo con la propuesta, la venta solo podrá realizarse en establecimientos fijos autorizados y a personal debidamente identificado como miembro activo.
- Además, se requerirá que las tiendas lleven un registro detallado de las transacciones realizadas.
- La diputada Hernández Guerrero reconoció que el uso indebido de uniformes de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y empresas de mensajería y telecomunicaciones, entre otras, ha contribuido al incremento del robo a casas habitación.
La modalidad delictiva es accesible y, en muchos casos, desalienta la denuncia, ya que las víctimas pueden sentir que su propia apertura de puertas puede interpretarse erróneamente como un consentimiento para el acceso al domicilio.