México | 2022-07-18
Los altos impuestos son adversos a la inversión e incluso pueden fomentar la ilegalidad en cualquier sector económico.
Eso incluyendo los juegos de azar, por eso AIEJA (Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México) insta al gobierno federal a homologar las obligaciones de los casinos y empresas de azar, pues ahora mismo la política fiscal imparte obligaciones disparejas en México.
Cabe destacar que AIEJA reúne bajo su sombra alrededor del 90% de los operadores de México. Por lo que su voz tiene un peso importante.
Miguel Ángel Ochoa, presidente de AIEJA, sostiene que en términos proporcionales a lo que genera, el sector del juego es el que paga mayores impuestos. Esto se debe a que existen impuestos que no son proporcionales a los beneficios de las empresas, sino que son montos fijos.
Además, los impuestos porcentuales también son considerablemente altos en comparación con otras industrias.
Algo que piden mirar con lupa es el hecho de que incluso los impuestos que paga directamente el jugador (que es el consumidor final) han aumentado en los últimos años. Ponen el ejemplo del aumento del 10% al 15% que sufrieron las tragamonedas en Nuevo León en los últimos años.
Antes de la crisis sanitaria de 2020, la recaudación de impuestos era tan alta como 5.000 millones de pesos anuales para la Federación, y otros 2.500 millones para las arcas regionales y municipales.
Si bien los mexicanos están más dispuestos que antes a pagar impuestos, las autoridades quieren alcanzar esos niveles nuevamente con incentivos poco acertados.
Esto es algo que se extiende al juego online, donde la regulación mexicana tiene muchas áreas grises al respecto y los impuestos son un tema de discusión.
En parte, es por eso que plataformas online como https://www.onlinecasino.mx/ cada vez llaman a más jugadores. Pues facilitan todos los entretenimientos del casino con una mejor experiencia, ya que cuentan con una regulación más flexible que protege a las empresas y jugadores por igual.
A pesar de que es bien sabido que no habrá permisos para más casinos durante la administración de AMLO, hay luz al final del túnel para aumentar la base gravable.
El Estado mexicano ha otorgado 36 licencias o permisos de operaciones. Lo que podría traducirse en hasta 754 casinos, pero apenas 384 se encuentran activos actualmente.
Incentivar la activación de estos 370 sitios con un recorte a los impuestos acabaría siendo mejor para el Estado, pues significaría una mayor recaudación de la que generan hoy en día que no están operando.
Pero el beneficio no es solo en términos de impuestos, pues se calcula que la apertura de esas salas de juego que tienen los permisos pero aún no operan podría significar la generación de 150.000 empleos nuevos, incluyendo los empleos indirectos.
La clave está en ajustar el marco jurídico que ha contribuido con la llegada a este punto donde algunos inversores se paralizaron y muchos usuarios se cambiaron al juego ilegal por ser más económico.