Xalapa | 2023-11-16
La Fiscalía General de la República registró en lo que va del año más de tres mil denuncias en contra de funcionarios públicos en el periodo de enero a septiembre del 2023; la mayoría es por corrupción o abuso de autoridad, siendo Veracruz el quinto lugar a nivel nacional.
En un informe se menciona que son tres mil 359 funcionarios de todos los niveles los que fueron denunciados penalmente; de estos, 817 casos se registran en la Ciudad de México. Le sigue el Estado de México con 435 denuncias, Guanajuato con 163, Morelos 102 y Veracruz con 101 casos.
Pese a lo que ha declarado la Contraloría del Gobierno de Veracruz, donde aseguran que gracias al trabajo de prevención se han sentado las bases para que operen de manera correcta, hoy por hoy hay más de 100 denuncias en contra de los funcionarios estatales.
A pesar de ser más de tres mil funcionarios públicos denunciados en todo el país, solo a 53 servidores federales, municipales o estatales se le ha detenido y vinculado a proceso.
En promedio, 12 funcionarios públicos han sido denunciados cada día por delitos que van desde corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos.
De todo este universo, solo una mínima parte han sido aprehendidos y vinculados a proceso según las cifras de la FGR.
De acuerdo con información de la Función Pública, únicamente en el primer semestre del año, 951 servidores públicos fueron sancionados por faltas administrativas.
De estos, 379 fueron inhabilitados, 331 suspendidos, 192 amonestados y 40 destituidos. Además, se aplicaron nueve sanciones económicas por un monto de 690 mil pesos.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que el 92.4 por ciento de los delitos cometidos durante 2022 no fueron denunciados o las autoridades no iniciaron una carpeta de investigación. Esa cifra negra fue ligeramente inferior a la del año anterior.
El año pasado se reportaron 26.8 millones de delitos en el país; entre los principales motivos para no presentar una querella ante el ministerio público fueron por pérdida de tiempo, desconfianza y trámites largos y difíciles, en ese orden, todos atribuibles a las autoridades.