Xalapa | 2025-02-26
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) citó a ocho sindicatos magisteriales de Veracruz y a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) a una reunión conciliatoria el 28 de febrero de 2025, a las 10:00 horas, con el propósito de atender el conflicto derivado de la toma de instalaciones de la dependencia educativa.
La notificación, firmada por Alfredo Cadena Domínguez, titular de la Unidad de Conciliación, establece que el encuentro se realizará de manera presencial en la Unidad de Conciliación y Huelgas del tribunal, bajo el principio de buena fe y con fundamento en los artículos 171 y 217 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y su reglamento. Se exhorta a los asistentes a acudir con disposición al diálogo.
Desde el lunes, integrantes de la Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz (USMEV), conformada por ocho organizaciones, bloquearon la sede de la SEV y otras instalaciones de la dependencia.
En respuesta, personal de recursos humanos de la SEV, acompañado por el notario público 32, Francisco Joaquín Naredo Galindo, entregó exhortos a los dirigentes sindicales para que cesaran la protesta y se reincorporaran a sus centros de trabajo.
En la documentación entregada, la SEV advirtió que, de no retomar sus actividades, los docentes movilizados estarían sujetos a sanciones administrativas.
El Poder Judicial del Estado de Veracruz determinó que los sindicatos movilizados no cuentan con contrato colectivo de trabajo ni autorización legal para la toma de instalaciones, por lo que su acción no tiene respaldo jurídico.
"No existe ningún dato registrado relacionado con algún emplazamiento indicado por dichos entes sindicales, habida cuenta, no se puede declarar ilegal una huelga que no ha sido planteada", resolvió el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, presidido por la magistrada Itzel Castro Castillo.
El tribunal indicó que la SEV debe presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado para evitar incurrir en omisión o complicidad, ya que los trabajadores movilizados están recibiendo su salario sin desempeñar sus funciones y afectando la operación del sistema educativo.