Xalapa | 2024-07-04
Integrantes del Colegio de Personas Juzgadoras Indígenas emitieron un pronunciamiento sobre la reforma al Poder Judicial, en el que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras autoridades, incluir en la reforma la legitimación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Esto para interponer controversias constitucionales y poder ocupar cargos en la institución.
En un documento firmado por 12 integrantes del Colegio plantearon la integración de personas indígenas juristas como juzgadoras en el Poder Judicial Federal, en todas las modalidades y materias.
Incluyéndolas como ministras y ministros, así como titulares de magistraturas y juzgados, en igualdad y paridad.
El documento, que también fue enviado a la presidenta electa Claudia Sheinbaum exige el reconocimiento a la justicia indígena comunitaria, bajo el principio de pluralismo jurídico.
"Coincidimos plenamente en la necesidad de un nuevo Poder Judicial, pero este debe ser cercano a la realidad de las injusticias que padecen nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
"A efecto remediarlas de manera efectiva, pronta, gratuita y con pertinencia cultural y de género; sólo así se podrá alcanzarse el anhelo histórico de ¡Nunca más un México sin los pueblos indígenas y afromexicano!", señala.
Al respecto, anexaron una propuesta técnica jurídica para que pueda ser considerada su integración a la iniciativa de reforma presidencial al Poder Judicial.
Al mismo tiempo que solicitaron sea incluido el Colegio en los Foros Nacionales y mesas de trabajo sobre esta reforma constitucional al Poder Judicial.
En el pronunciamiento señalan que desde la conformación del México Independiente hasta 1992 los pueblos indígenas y afromexicano fueron totalmente excluidos del sistema jurídico y del sistema de justicia.
No solamente porque no se les reconoció su existencia como parte de la conformación del naciente Estado mexicano, sino porque durante todo ese tiempo no se contó con personas titulares de juzgados, magistraturas ni ministras o ministros que les impartieran justicia comprendiendo las especificidades culturales de dichos pueblos y comunidades.
O bien que hablaran algunas de las 68 lenguas originarias o por lo menos se hicieran allegar de personas intérpretes y de peritajes culturales o antropológicos para hacerse comprender y entender las temáticas planteadas en los asuntos que tenían que resolver como personas juzgadoras.
Tampoco fueron reconocidas las formas de hacer justicia por las personas juzgadoras indígenas en las comunidades.
"Ha sido en fechas muy recientes que se reconoció que este país es pluricultural y se reconocieron algunos de los derechos fundamentales de nuestros pueblos indígenas y afromexicano, y también de manera incipiente, la incorporación de personas indígenas en el Poder Judicial de nuestro país".
Por ello, afirman que resulta trascendente que el Presidente haya incluido en sus iniciativas, presentadas el 5 de febrero, reformar al Poder Judicial para poder contar en adelante con una justicia bajo el principio de la pluriculturalidad y con una perspectiva intercultural, impartida también por personas indígenas,
Y consideran que para lograr una reforma judicial integral e incluyente, se deben atender los planteamientos históricos indígenas y afromexicanos para que queden reflejados en el nuevo funcionamiento e integración del Poder Judicial, como un acto de justicia social al México profundo.
Añaden que en México 25.7 millones de personas se autoadscriben indígenas; lo que se traduce en el 21.5 por ciento de la población total del país; es decir, una de cada cinco personas mexicanas somos indígenas.
"Oficialmente se reconocen 71 Pueblos Indígenas y aproximadamente 15 mil comunidades, conservado sus identidades e instituciones sociales, jurídicas y políticas.
"Además, 1.3 millones de personas se consideran pertenecientes al pueblo afromexicano, lo que representa el 1.2 por ciento de la población a nivel nacional".
Los firmantes son: Larisa Ortiz Quintero, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario; Rosalba Hernández Hernández; magistrada Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.
Camelia Gaspar Martínez, magistrada del extinto Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; Luis Enrique Cordero Aguilar, magistrado de la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Además, Monivet Shaley López, jueza en materia penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca; José Hernández Hernández, secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz.
Norma González Jiménez, defensora de lengua mixteca; Sabino Cortés Gaona, jefe de Departamento del Instituto Veracruzano de la Defensora Pública; José De Gaona Zepeta, relator general del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.
José Samuel Aguilera Vázquez, abogado promotor de los derechos humanos del pueblo afromexicano; Magdalena Hernández, abogada promotora de los derechos humanos y José Luis Cuevas Gayosso, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y Coordinador del Seminario de Derechos Indígenas.