Xalapa | 2023-11-22
En su Primer Informe como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre reconoció que existe corrupción al interior de esta institución; sin embargo, afirmó que se están "aplicando sanciones".
La presidenta aseguró que al llegar al cargo entendió que resultaba primordial encarar la corrupción, señalando que se trata de un "fenómeno arraigado".
"El primer paso para resolver esta problemática era reconocer que esta institución no estaba exenta de las malas prácticas, que laceraba la impartición de justicia en la entidad.
"Afortunadamente, el común denominador de las y los empleados judiciales es la honestidad; no obstante, era necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y disciplina para reivindicar nuestra imagen", señaló.
Ante el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Adriana Esther Martínez Sánchez, refirió que se ha llevado a cabo una auditoría general a las áreas administrativas, aunque no abundó en los resultados
"La sociedad exige cuentas claras y nosotros se las daremos. Aún falta mucho por hacer, pero hemos dado un gran avance en el camino para erradicar la corrupción y consolidar la confianza de la sociedad en nuestra institución", mencionó la presidenta.
En lo que va de su gestión, detalló que se han realizado 35 sesiones ordinarias y 184 extraordinarias, que desencadenaron, entre otras cosas, en 192 Procedimientos Administrativos Sancionadores, de los cuales se resolvieron 165, responsabilizando a 36 servidores públicos.
"Además, se efectuaron 22 visitas judiciales, mediante las cuales se apreciaron diversas circunstancias que comprometían el desarrollo correcto de los juzgados.
"A través de estos ejercicios es posible evaluar el desempeño de los trabajadores, al tiempo que se diseñan estrategias para su corrección.
"Aunado a que, durante el periodo vacacional del mes de julio, realicé recorridos en los 21 distritos judiciales del estado, contabilizando un total de 38 visitas de atención directa a servidores públicos y justiciables".
Jiménez Aguirre añadió que "no todo es sanción", por ello también concentraron sus esfuerzos en acciones de prevención; "muestra de ello es que, apegado a los principios rectores fundamentales de la ética judicial, se realizó la difusión de los Códigos de Ética y Conducta".
"Así como de los lineamientos para el funcionamiento del Comité respectivo, para que todo el personal del Poder Judicial del Estado tenga conocimiento de estos documentos y lleven a cabo al pie de la letra su aplicación".
Indicó que la sociedad demanda depositar la justicia en manos de juzgadores expertos y conocedores de las técnicas jurídicas.
Sin embargo, se ha aplicado cambios de adscripción, comisiones, licencias y demás movimientos de personal, efectuando rotaciones en los diferentes distritos, con la intención de disminuir las posibilidades de que las y los operadores judiciales se corrompan".
"A partir de septiembre, se aplicó un control rígido con el objetivo de mitigar los riesgos de corrupción y erradicar las malas prácticas; mediante una aplicación racional, justa y disciplinada de recursos presupuestarios, tecnológicos y materiales, lo que derivó importantes reducciones del gasto".
Agregó que el Poder Judicial "ya no paga los taxis", y se disminuyó el gasto mensual en un 24 por ciento en combustible; 23 por ciento en traslados y viáticos; 52 por ciento en consumo de alimentos; 63 por ciento en eventos y 92 por ciento en compras relacionadas con suministros.
La magistrada presidenta añadió que en su primer año frente al cargo se cancelaron 10 contratos para la construcción de Ciudades Judiciales bajo el esquema de Asociaciones Público Provadas (APP) contratadas en el periodo de Edel Álvarez Peña.
Con ello, no se desembolsarán más de 116 millones de pesos anuales; "si tomamos en cuenta que estábamos vinculados por 25 años, el ahorro generado asciende a más de tres mil millones de pesos".
Destacó que dicho recorte permitió la construcción, con recursos propios, de la Ciudad Judicial de Poza Rica, y proyectar la edificación de las sedes de Minatitlán y Orizaba.
"Además, con mucho agrado les comunico que los ajustes presupuestales referidos, servirán para la aplicación de nuestro propio Sistema de Seguimiento de Expedientes, que nos colocará en la senda de la justicia digital, mismo que se encuentra en etapa de desarrollo".
"Trabajamos a marchas forzadas para lograr que sea una realidad; hasta el momento se lleva un avance del 30 por ciento en el programa y se pretende que el próximo año comience a operar en cada uno de los 21 Distritos Judiciales".
De acuerdo con la magistrada presidenta, por primera vez 22 magistradas y magistrados se sumaron al Plan de Austeridad Republicana, con una perspectiva de responsabilidad social.
Resaltó que en su administración se tiene un 52 por ciento de titulares mujeres en los órganos jurisdiccionales en materia laboral, mercantil, juzgados mixtos de primera instancia y especializados en adolescentes.
"En el Poder Judicial del Estado hemos dado un gran paso en la igualdad, donde a las mujeres se les ha colocado en la toma de decisiones".