Xalapa | 2023-12-17
Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), confirmó la falta de reportes por parte de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, dirigida por Clementina Salazar Cruz, con respecto a las denuncias presentadas por presunto daño patrimonial.
Al respecto, en concordancia con la postura de diputados que integran la Comisión de Vigilancia, González Cobos respaldó la propuesta de establecer mesas de trabajo con la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada contra la Corrupción.
El ORFIS, según González Cobos, no busca interferir en las competencias de otros entes, pero está dispuesto a colaborar en las mesas de trabajo, tal como los diputados han mencionado.
Sobre el ritmo de las investigaciones, González Cobos señaló que solo la Fiscalía Anticorrupción tiene la información para explicar el progreso o la demora en estos asuntos.
En relación con las denuncias presentadas y sus resultados, el ORFIS informó en septiembre sobre la presentación de 183 denuncias penales por un daño patrimonial de 2 mil 224 millones 48 mil 254.86 pesos.
La mayor parte de estas denuncias se concentra en el bienio del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, generando un quebranto financiero de 2 mil 29 millones 621 mil 105.22 pesos por parte de entes estatales y municipales en las cuentas públicas 2017 y 2018.
Rafael Faranoni Magaña, presidente de la Comisión de Vigilancia, previamente anunció la intención de establecer un plan de trabajo tras plantear un acercamiento con Verónica Hernández Giadáns y Clementina Salazar Cruz, titulares respectivas, para abordar este tema.
En cuanto a los datos de la Fiscalía Anticorrupción, hasta mediados de este año, se informó que solo se habían obtenido cuatro sentencias contra funcionarios desde su creación en 2018. Hasta mayo, se tenían 83 procesos abiertos y 143 personas bajo proceso, con solo tres sentencias obtenidas en 2021 y una en 2022 durante el periodo de Salazar Cruz.
Esto sugiere que solo el 2.7 % de los procesados han recibido un castigo en cinco años, durante los cuales Salazar Cruz ha dirigido la institución. Cabe mencionar que la fiscal especializada previamente trabajó como jefa de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación en Veracruz.