Orizaba | 2020-07-06 | Staff Imagen del Golfo
Debido a que se ha reactivado parcialmente la función jurisdiccional del estado sin protocolos de medidas de sanidad en los juzgados, además de que existen más de 15 mil denuncias detenidas, integrantes del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas enviarán una carta abierta dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como a la presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, con el fin de exponer inquietudes y propuestas.
El presidente del colegio, Silverio Gasca Vázquez, reveló que se ha reactivado parcialmente la función jurisdiccional; sin embargo el protocolo de medidas de sanidad solo constituye un instrumento más ya que en los juzgados no se han tomado ni aplicado dichas medidas; “es cierto, que parte de sus medidas son nuestra individual responsabilidad, pero la salud pública constituye una obligación y función del Estado, los invitamos a suministrar a la brevedad posible los medios de protección necesarios a los juzgados".
Afirmó que los más de mil 200 abogados que existen en este Distrito Judicial están en la mejor disposición de sumarse, en la medida de sus posibilidades, y apoyar materialmente para obtener un lugar de trabajo confiable que beneficie tanto a los justiciables como a quienes acuden en ejercicio de su profesión, comprometiéndose a realizar gestiones ante los ayuntamientos de este distrito a efecto de que apoyen en este sentido.
"La activación de la función jurisdiccional en la forma planteada es evidente que no resuelve el problema de los justiciables, representar los indicios para archivarlos en el juzgado hasta el momento en de que asignar turnos por medio del internet resulta insuficiente".
El secretario del Colegio, Juan Oropeza Flores, dijo que si bien al laborar el 50 por ciento del personal del juzgado que lo hagan en forma alterna, tres días en seis días de la semana; es decir incluir el sábado, ya que a la fecha tienen entre cinco y seis mil sentencias que no se han publicado y más de 15 mil denuncias que no se han presentado.
"Que las audiencias se programen a partir de las 08:30 horas y hasta las 15:00 horas en que formalmente debe laborar el personal del juzgado. Por nuestra parte nos comprometemos a abreviar la duración de las audiencias a efecto de que se pueda celebrar otra u otras audiencias en el turno de la mesa que nos atienda, reduciendo con ello el peligro de contagio; desde luego sin perjuicio del proceso por los derechos procesales de los justiciables".
José Antonio Aguilar Herrera, vicepresidente del colegio, aseguró que con anterioridad se había acordado la creación de las Oficialías de Partes Común en los Distritos Judiciales, mismas que hoy se hace indispensable su establecimiento y se les invita a que se dé celeridad a este acuerdo y a la brevedad se establezcan en aquellos distritos como el de Orizaba, en que aún no operan.
"La digitalización de los procesos y de los expedientes, es evidente que esta herramienta vendrá a beneficiar la impartición de justicia y el ejercicio profesional; sin embargo deben considerar que la aplicación de este sistema requiere de una plataforma digital confiable, así como de las reformas a los códigos ya que la imposición, sin las reformas adecuadas, solo genera la posibilidad de nulificar las actuaciones”, señaló el vicepresidente de Acción Social, Mauricio Rojas Hernández.
Propuso convocar a las organizaciones de profesionistas del derecho y la informática con el objeto de que formulen, en el ámbito de su experiencia, las reformas pertinentes y de inmediato someterlas al Congreso para su promulgación.
Del mismo modo dijo que existe preocupación por el reducido número de personal que opera en los juzgados, en particular en los familiares, por lo que es indispensable asignar más personal y hacer convenios con las universidades, a efecto de que se integren pasantes para acreditar su servicio social como una medida de apoyo.
La tesorera del Colegio, Maribel Sánchez Villalvazo, finalmente pidió una audiencia conjunta o separadamente en la que en un plano de cordialidad, atención, respeto y apoyo mutuo, se les permita la exposición de otros puntos urgentes en beneficio de la función pública de la impartición de justicia.