Poza Rica | 2023-01-18
Al menos 35 han sido los taxistas, que operan rutas colectivas, sancionados por alterar tarifas al cobrar hasta cinco pesos de más, indicó el delegado de Transporte Público, José Luis Hernández Castillo.
El funcionario, junto con el delegado en Papantla, Luis Alberto Pérez Corona, encabezaron un operativo en esta zona.
Ambos subrayaron que no existe autorización para incrementar las tarifas, y todo taxista que esté haciéndolo podrá ser sancionado. En casos de reincidir, ponen en riesgo la concesión.
Se detectó que, violando la Ley 589 de Tránsito de Veracruz y otras disposiciones, un grupo de taxistas circula un falso documento con el que pretende imponer una tarifa de 13 pesos a los usuarios del servicio hacia comunidades de Papantla.
El documento presentaría los sellos de agentes municipales de las comunidades de La Victoria Km 47, en Papantla, y de presidentes de colonos de fraccionamientos Tajín y Arboledas.
Autoridades indicaron que dicho oficio carece de fundamentación legal, toda vez que es competencia del Gobierno de Veracruz autorizar el incremento.
En el documento, se hace referencia a una supuesta reunión el día 16 de enero en Papantla, lo que tampoco fue sustentada.
En la presunta asamblea se levantó una minuta, donde aseguran que estuvo presente el alcalde, Eric Domínguez Vázquez; el delegado Región IV de Papantla, Luis Alberto Pérez Corona y Florencio Atzin Pérez, delegado de Política Regional.
De estos, no hay firma en dicho documento, y tampoco aparece el sello de sus dependencias.
Las únicas firmas que aparecen son las de Sara Hernández Hernández, Gabriela Carolina Guzmán Madrid, Juan Carlos Cruz Rodríguez y Ana García Beatriz, quienes se describen como representante de los usuarios del servicio público.
José Luis Hernández Castillo, delegado de Transporte Público, informó que los operativos son de manera permanente y estarán aplicando las sanciones correspondientes a quienes sigan abusando de los usuarios.
Por su parte, Luis Alberto Pérez Corona exhortó a los taxistas a no engañar a los usuarios y evitar sanciones por estar cobrando una tarifa que no han sido aprobada por el Gobierno del Estado.