Xalapa | 2024-04-29
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Copago) emitió un pronunciamiento dirigido a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, instando a la conservación de la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Los mandatarios argumentan que la declaración de su inconstitucionalidad tendría un impacto directo en la seguridad y la gobernabilidad del país.
Al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, destacó que este pronunciamiento fue respaldado por los 32 gobernadores del país.
García Jiménez afirmó que eliminar esta figura conllevaría al colapso de los tribunales federales, quienes se verían obligados a revisar todas las solicitudes de cambio en las medidas cautelares.
"No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa".
El posicionamiento resalta que la eliminación de esta medida tendría efectos adversos, afectando la seguridad pública y la justicia mexicana. Por ello, se enfatiza en la importancia de mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma de carácter internacional.
"Que pueda afectar nuestro derecho interno con el fin no solo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos.
"Así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto como homicidio, feminicidio, secuestro".
Insistió en que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto, declarando repercusión social en aquellos considerados como graves, en los cuales el Ministerio Público solo puede solicitar esta medida cuando otras medidas cautelares no resultan suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima.
García Jiménez destacó la relevancia de que la Suprema Corte considere este llamado, ya que su decisión tendría un impacto directo en la seguridad y gobernabilidad del país, así como en las entidades federativas.
"Tenemos elementos más que suficientes para emitir una opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados", mencionó.