Xalapa | 2024-01-24
La fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, cuestionó las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señalando que muchas de ellas corresponden a hechos anteriores a su administración.
En su comparecencia ante el Congreso local, Hernández Giadáns detalló que, de las 239 recomendaciones recibidas en cuatro años, 228 son sobre incidentes anteriores a su gestión, las cuales no respetaron la temporalidad del proceso.
Durante la exposición, destacó que solo 11 recomendaciones corresponden a violaciones de derechos humanos ocurridas en su administración, de las cuales se han aceptado seis hasta la fecha.
"Aquí lo planteo; de esas 228 que corresponden a hechos de administraciones pasadas, por qué no se hicieron en ese momento.
"Por qué cuando la queja fue presentada desde el 2006 (...), cuando había por Reglamento una temporalidad para atenderlas, no se atendieron y no se hicieron a los fiscales que en ese momento tenían la obligación de aceptar esas recomendaciones.
"Porque fue precisamente en esas administraciones donde hubo complicidades, donde hubo encubrimiento, donde hubo tolerancia incluso pactos y compromisos", cuestionó Hernández Giadáns.
La fiscal general expresó su preocupación por el hecho de que algunas recomendaciones puedan interferir en procesos judiciales y resaltó que la CEDH no siempre corroboró los dichos de las personas que presentaron quejas.
Cuestionó el por qué las recomendaciones no se atendieron en administraciones anteriores, cuando había una temporalidad para hacerlo.
Hernández Giadáns subrayó que la Fiscalía analiza detenidamente cada recomendación de la CEDH y tiene la facultad constitucional de aceptarlas o no.
Afirmó que el trabajo de la Fiscalía siempre estará a favor de las víctimas, pero destacó que las decisiones de la Comisión "no son vinculantes ni obligatorias".
Además, la fiscal compartió un fragmento de una recomendación que reconocía la imprecisión y la falta de corroboración en los dichos de una persona en la recomendación 16/2023.
"Por lo tanto, el dicho de TIR resulta impreciso y no puede corroborarse con fuentes externas a la propia declaración. Sin que hasta el momento esta CEDHV cuente con elementos de convicción que, analizados de forma concatenada, permitan evidenciar la participación de los servidores públicos señalados como responsables", citó.
En conclusión, Hernández Giadáns enfatizó el compromiso de la Fiscalía con las víctimas y reiteró que, de las 239 recomendaciones la mayoría corresponden a administraciones anteriores, donde se podría haber atendido las quejas en su momento.
"No son obligatorias pero la institución que recibe una recomendación tiene la posibilidad de analizarlas, de estudiarlas y, en caso de no aceptarlas, fundamentar y motivar el por qué no se aceptan y así lo hemos hecho.
"Pero reitero, de 239 un total de 228 corresponden a otras administraciones donde había una temporalidad para atender las quejas y no se hizo en su momento", añadió Hernández Giadáns.