Río Blanco | 2022-09-12
A pesar de que el pasado 09 de septiembre venció el plazo para que la Fiscalía General del Estado a través de la subunidad integral de justicia en Nogales entregara la bodega asentada sobre la avenida Paso Carretas de la congregación Vicente Guerrero, de Río Blanco, la cual fue cateada el 19 de junio de 2021, esto no ha ocurrido.
La parte agraviada señala que la FGE ha desatendido una orden de un juez, quien pidió sea devuelto este inmueble a su propietario o representante legal al no existir ninguna anomalía o delito que perseguir.
Se conoce que el Juzgado Décimo Quinto del Distrito Judicial otorgó como fecha el pasado viernes 09 de septiembre para que la Fiscalía entregara dicha bodega a su propietarios o representantes legales, ya que no se demostró ningún acto ilícito o delito por parte de los propietarios o trabajadores de la misma, esto mediante una sentencia emitida.
Se conoce que la primera vez que recibió dicho oficio fue el pasado 23 de junio dando entonces 30 días para realizar la entrega de las instalaciones; en esta segunda ocasión al no realizar la entrega del inmueble por medio del oficio fechado para viernes 09 de septiembre del 2022, estaría incurriendo en un delito y en una sanción de 200 UMAS.
Es de mencionar que la FGE ha dado como argumento que no han terminado el inventario, pese a que ese allanamiento fue ilegal y además alegaron que ya tenía un inventario previo, desde el día en que llegaron a violentar a los trabajadores de la bodega.
Cabe recordar que la comercializadora fue intervenida por oficiales de la Policía Estatal de Veracruz, Policía Ministerial y la Unidad Especializada contra el Secuestro presuntamente porque había personas privadas de su libertad en el recinto, e incluso se llevó a cabo la detención de dos empleados por este motivo, no obstante que no encontraron plagio alguno.
En su momento el administrador José Antonio May González denunció que fueron golpeados 40 trabajadores, dos de ellos -dijo- fueron torturados durante la revisión; de la misma forma se informó que durante el operativo se extraviaron dos maletas con fuertes cantidades de dinero que servirían para la nómina de los trabajadores.
Lo que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que después de cuatro meses se declaró incompetente y el caso fue remitido a la Fiscalía Regional de Córdoba.
En cuanto a los empleados detenidos fueron imputados por el delito de ultrajes a la autoridad, narcomenudeo y portación de armas de fuego, aunque en meses posteriores fueron liberados y ahora piden la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que tome cartas en el asunto y sea entregado el inmueble.
Asimismo piden el apoyo del Presidente de la República por el atropello sufrido, además porque temen que pueda haber represalias por parte de los servidores públicos denunciados.