Orizaba | 2019-10-18 | Nora Gabriela Lira
El país hoy en día está controlado por el Cartel de Sinaloa, mientras que el gobierno y las instituciones de seguridad evidenciaron su incapacidad, consideraron integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.
Araceli Salcedo Jiménez, integrante de este grupo, indicó a través de un comunicado que los hechos ocurridos el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, dejan un panorama más desolador que el que se ha vivido desde hace varios años en el país.
“Es claro que el Cártel de Sinaloa es el más fuerte del mundo, controla la droga en muchos continentes pero también ahora controla al Gobierno Mexicano, ya que sus acciones no sirven para frenar a la delincuencia organizada que hay en el país”, expuso.
Salcedo Jiménez resaltó que el combate a la delincuencia se debe dar con el uso de la inteligencia, no se trata de llegar y enfrentarlos como su fueran personas comunes.
Calificó de “inaudito” el que el gobierno federal haya accedido a ese chantaje e intimidación por parte de ese grupo delincuencial.
“¿Cómo es posible que grupos delincuenciales impongan su actuar amenazando al gobierno? Si esto es su forma de actuar por parte de los mandos en las instituciones de seguridad, y ya ni hablar de la Presidencia de la República, mejor que renuncien, pues queda demostrado una vez más no tener la capacidad de estar en esos puestos y que la ciudadanía elija el cartel de la delincuencia que más convengan y ellos protejan”.
Consideró que lo dicho por el presidente del país de “abrazos, no balazos”, es una forma absurda de evadir la realidad del país y la sociedad y organizaciones deben hacer algo contra esos actuares del gobierno federal.
Mencionó que tras lo ocurrido en Culiacán, se corre el riesgo de que eso sea replicado por otros grupos delincuenciales.
La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba cuestionó si habrá alguna sanción por incumplir por lo previsto en el artículo 150 del Código Penal Federal, que establece pena de prisión de seis meses a nueve años a quien favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado, y si además si esa persona es inculpada por delito o delitos contra la salud, se impondrán de siete a 15 años de prisión, sanción que aumentará si quien lo propicia es un servidor público, ya que se incrementa la pena en esos casos en una tercera parte, además de ser destituido e inhabilitado por un periodo de 8 a 12 años.