Xalapa | 2024-10-21
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reveló que la jueza Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, fue suspendida en 2021 por varias denuncias en su contra.
Cabe recordar que se trata de la jueza que ordenó a la presidenta, Claudia Sheinbaum, retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial.
La presidenta ha señalado que el fallo es improcedente, de ahí que se interpuso una denuncia ante el Consejo de la Judicatura en contra de la jueza que labora en Coatzacoalcos.
Rosa Icela Rodríguez citó la publicación del periódico Milenio respecto a Nancy Juárez Salas respecto a sus antecedentes.
"Dice que en abril de 2021 el pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos, sin embargo, en marzo de 2023, la suspensión fue revocada y volvió a su puesto".
Rosa Icela Rodríguez añadió que la jueza también fue sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional.
"En 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario dice aquí por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes".
La titular de la SEGOB dijo que en 2016 inició su récord de mala conducta, cuando estuvo sujeta a un proceso disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas, por lo cual se le impuso una sanción administrativa.
"También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales en contra de la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos".
Pese a dichos registros, criticó Rosa Icela Rodríguez, la jueza adscrita al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos "sigue denunciando a la presidenta".
La titular de la Secretaría de Gobernación también detalló diversas irregularidades de jueces y magistrados federales durante los últimos años.
"Han intentado cientos de veces paralizar proyectos importantes, o con obras públicas o políticas de bienestar. También han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia".
Al respecto, presentó los excesos en el Poder Judicial, donde resaltó los salarios percibidos por estos, las liberaciones de delincuentes y presuntos actos de nepotismo.
"Integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos, frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la población mexicana, y garantizar los derechos de la ciudadanía", comentó.
En su intervención, la funcionaria acusó al Poder Judicial de obstaculizar varias reformas, ello a través de amparos y suspensiones, tal como la Ley de Industria Eléctrica que tiene 161 suspensiones de amparo, la Guardia Nacional 5, Vapeadores 240 y la Extinción de fideicomisos al Poder Judicial de la Federación con 717 suspensiones.
Detalló las 26 suspensiones por la entrega de libros de texto gratuitos en 2023 y 2024, por la supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otros.
También, Rosa Icela Rodríguez, también señaló a los jueces que han beneficiado a delincuentes, por ejemplo, el juez Crescencio Contreras Martínez, quien liberó a "La Kena"; el juez Juan José Fernando García Quiroz, quien concedió un amparo para evitar la extradición de Rafael Caro Quintero; y el juez Conrado Alcalá Romo, que concedió un amparo a Héctor "el Güero" Palma.
Agregó que se han detectado procesos viciados en selección de jueces, con la venta de exámenes en 186 mil pesos y en los concursos de oposición que son impugnados por los propios jueces y magistrados con frecuencia por "la inequidad, el influyentísimo y la falta de criterios objetivos, pues sólo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras".
Añadió que en diciembre de 2022 el propio Concejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, el 49 por ciento equivalente a 24 mil 546 personas, tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder.
"El 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen a familiares en el Poder Judicial; los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando ahí y el 23.7 por ciento del personal del poder judicial tiene más de 4 familiares trabajando en esta institución".
Resaltó que la persona que acumula a más familiares trabajando en el Poder Judicial Federal tiene un total de 26 parientes, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales de acuerdo con la información oficial del propio Concejo de la Judicatura.
E 2004 al 2023 se han presentado 38 mil quejas, además el 86 por ciento fueron desechadas sin iniciar ninguna investigación y del resto de las quejas sólo se sancionaron a 472 jueces y magistrados.