Orizaba | 2021-09-27 | Nora Gabriela Lira
Un llamado al gobernador del estado y al secretario de Educación para que revisen lo que está ocurriendo en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV) hizo el maestro José Raúl Reyes Domínguez, quien denunció que hay acoso contra el personal docente y administrativo con despidos injustificados y toda clase de abusos.
"Estoy denunciando hechos irregulares en la UTCV, en lo cual están involucrados el rector Juan Manuel Arzola Castro, el director académico Roberto Alvarado Juárez y especialmente el director administrativo José Miguel Hernández Durán, quienes son responsables de realizar un acoso laboral en contra de la comunidad docente y administrativa para obligarlos a firmar contratos cada cuatro meses y no puedan hacer derechos laborales, con ciertas cláusulas que laceran los derechos individuales y humanos, como es la 21, en donde se les prohíbe que pertenezcan a un sindicato, organización civil o grupal".
El catedrático expuso que en su caso, a pesar de contar con varios reconocimientos como maestro de calidad, el pasado 27 de agosto el jefe de carrera le dijo que no tenía carga académica para este cuatrimestre, a lo cual le preguntó por qué y le respondió que eran "órdenes superiores".
Comentó que él es delegado del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (Simve), por lo que ve en esta decisión "una persecución política y sindical", ya que las autoridades de la UTCV sólo consideran a una sola agrupación, en detrimento de 400 trabajadores.
Señaló que derivado de las observaciones hechas por el Orfis a la institución por el ejercicio 2019, desde hace mes y medio los mencionados directivos se han dado a la tarea de bajar los sueldos de todo el personal administrativo y docente, ante lo cual se han quedado callados porque temen ser despedidos.
Mencionó que gente que ganaba tres mil pesos a la quincena ahora percibe dos mil; además, hay varios que han sido despedidos sin que tengan el aviso legal, entre otras malas prácticas administrativas.
Reyes Domínguez apuntó que hay 26 personas que han demandado a la autoridad competente una basificación.
Consideró necesario que las autoridades del estado hagan una auditoría pública a la institución y se esclarezca todo lo que está pasando y que es comprobable.