Xalapa | 2023-09-01
A 15 meses de que concluya la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el tema sobre la deuda pública de Veracruz está cobijado por la opacidad y el encubrimiento, pues la Secretaría de Finanzas y Planeación se ha negado a transparentar los contratos de la reestructuración de la deuda bancaria y admite no tener datos sobre cuánto se paga cada mes.
Y al contrario, la dependencia a cargo de José Luis Lima Franco reta al advertir que no elaborará ninguna información “ad hoc” para transparentar el manejo de los recursos de los veracruzanos.
Sobre la suma de los pasivos a proveedores y contratistas heredados por los gobiernos fidelista, duartista y yunista, a los que el actual gobierno ha decidido dar la espalda, e incluso ordenó a los titulares de las unidades administrativas, decidir libremente sobre qué se debe y que no.
En 2018, en plena campaña, el entonces candidato de Morena, Cuitláhuac García Jiménez prometió respetar la autonomía financiera a la Universidad Veracruzana, como al Poder Judicial, pero en ambos casos, en ninguno de sus casi 5 años de gobierno, la Sefiplan ha cumplido con entregar los recursos que por ley les corresponden.
Sin embargo, el discurso oficial, es reprochar a los medios de comunicación no dar a conocer que se logró disminuir la deuda pública de 87 mil 207 millones a 66 mil 904 millones de pesos, aunque no han detallado, salvo con una presentación de Power Point el logro financiero.
La hoy pesada deuda de Veracruz dio inicio con la administración del exgobernador Miguel Alemán Velasco, quien solicitó un crédito por 3 mil 500 millones de pesos en la última quincena de su gobierno en el año 2004.
Posteriormente, en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y justo a un mes de que concluyera su administración, reconoció una deuda de 9 mil millones de pesos con proveedores y contratistas, además de la bursatilización de 6 mil 500 millones del Impuesto a la Tenencia Vehicular, a lo cual también contrató una línea de crédito en la recta final de su gobierno por 10 mil millones de pesos.
De esta forma, la deuda que se heredó a Javier Duarte de Ochoa fue de aproximadamente 25 mil 500 millones de pesos.
Ante tal situación, el Congreso local le autorizó una reestructuración por 21 mil 700 millones de pesos a 20 años, sin embargo, la deuda bancaria con otros créditos solicitados en sus últimos dos años de gobierno se elevó a 44 mil 470 millones de pesos.
A ello se sumó, un aproximado de 10 mil millones de pesos a proveedores y contratistas, más de 8 mil millones de pesos en participaciones los 212 ayuntamientos; 2 mil 400 millones de pesos a la Universidad Veracruzana.
También más de 2 mil millones de pesos a la Reserva Técnica del IPE; más de 5 mil millones de pesos en impuestos al Sistema de Administración Tributaria; así como el pago de cuotas tanto al IMSS como al ISSSTE por más de 5 mil millones de pesos de manera conjunta.
A la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares, intentó en su primer mes de gobierno eliminar toda la deuda de proveedores y contratistas, mediante un decreto, lo cual fue protestado por las cámaras empresariales y tuvo que dar marcha atrás.
En 2017 anunció que reestructurarían 38 mil millones de pesos de la deuda pública que heredó de administraciones pasadas priístas, con lo cual se ahorrarán dos mil millones de pesos anuales de intereses.
Sin embargo, heredó una deuda bancaria por 43 mil 345 millones de pesos, más los distintos pasivos que no hizo frente.
La administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez heredará al próximo gobierno alrededor del 95 por ciento de la deuda que contrató la Secretaría de Finanzas y Planeación en este sexenio, como parte de la reestructuración de la deuda pública.
En el año 2020 contrató nueve créditos por un monto total de 29 mil 22 millones 800 mil pesos, de los cuales, únicamente ha logrado 304 millones 700 mil pesos, es decir menos del 2 por ciento, restando 28 mil 718 millones 100 mil pesos.
En este sentido, conforme a lo que se ha cubierto, desde la contratación de los nueve créditos y conforme a las proyecciones de pago hasta noviembre de 2024, cuando mucho pagaría el 4 por ciento de su deuda.
A través de una solicitud de información se requirió a la Sefiplan una copia simple de los documentos que acrediten el pago mensual de la deuda bancaria, donde se detalle el pago a capital, como a intereses, comisiones, multas o cualquier otro derivado de la reestructuración de la deuda.
La respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo de José Luis Lima Franco, es que no tienen información al respecto.
A pesar de ser una obligación llevar el registro contable de los pagos y del uso de los recursos públicos, tal dependencia ha decidido mantener oculto y negar el manejo del dinero de los veracruzanos.
En la respuesta de la dependencia señala que después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva no encontraron registro alguno, y al contrario reta al decir que tampoco tienen la obligación de elaborarla.
El pasado 30 de mayo, en el número extraordinario 214 de la Gaceta Oficial del Estado, la Secretaría de Finanzas y Planeación emitió los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables y la Reclasificación o Cancelación de Saldos Contables en la Administración Pública del Estado de Veracruz.
Ahí refiere que sus órganos de gobierno son libres de reclasificar o cancelar las cuentas pendientes de pago por parte de las dependencias, entre las cuales estarían incluidos los adeudos a proveedores y contratistas que datan de los gobiernos fidelista y duartista.