Xalapa | 2024-08-21
Ni el gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, ni la administración federal han presentado pruebas que sustenten las acusaciones de corrupción contra jueces y magistrados federales, a pesar de los constantes señalamientos en conferencias de prensa.
Así lo manifestaron integrantes del Poder Judicial, quienes este miércoles en Xalapa participaron en las movilizaciones contra la reforma conocida como "Plan C", que entre otras medidas propone la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular.
Jesús Arturo Cuellar Díaz, juez del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Xalapa, afirmó que las autoridades han encontrado conveniente cuestionar sus resoluciones cuando estas no coinciden con sus intereses. En 2022, Cuellar Díaz fue blanco de críticas por parte del gobernador veracruzano, quien lo acusó de haber beneficiado a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, en un caso de homicidio.
"Nos han señalado a varios juzgadores. Es fácil señalar cuando no les gusta una resolución que va en contra de sus intereses. A mí me gustaría que, cuando lo señalen a uno, nos dijeran en términos jurídicos por qué estamos mal", expresó el juez.
Cuellar Díaz destacó que, aunque las autoridades tienen recursos legales para impugnar las resoluciones, a menudo prefieren hacer acusaciones públicas sin sustento. "Es muy fácil pararse frente a una audiencia que va a tener un alcance muy grande y convencer a la gente de que somos corruptos", añadió el juez.
El juez federal también advirtió que la reforma "politizaría" la justicia y permitiría el ingreso de personas sin el perfil adecuado, lo que podría comprometer la independencia judicial. "Nosotros no estamos politizados. Lo único que obedecemos es lo que dice la Constitución", subrayó.
Cuellar Díaz reconoció que el Poder Judicial enfrenta desafíos, como la necesidad de mejorar las leyes secundarias para agilizar el proceso judicial. Además, indicó que los juzgados manejan entre 300 y 400 acuerdos diarios, lo que ha generado un rezago debido a la falta de personal.
Por otro lado, la magistrada María Guadalupe Cruz Arellano, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, calificó la reforma como una violación de derechos humanos y un intento por parte del gobierno de controlar el Poder Judicial.
"La reforma lleva un propósito claro, que es tomar el control del Poder Judicial, el único que no se ha plegado a los caprichos", opinó.
Cruz Arellano también destacó que el discurso gubernamental en contra de los jueces es falso y que el Poder Judicial ha protegido los derechos de los ciudadanos frente a actos arbitrarios de las autoridades. "No tienen un Poder Judicial a modo", concluyó la magistrada.