Rafael Delgado | 2022-10-06
Los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz son las entidades en donde se sigue viendo la práctica de "vender mujeres", situación en la que los gobiernos tienen responsabilidad, señaló Anabel López Sánchez, directora general para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política del Instituto Nacional de las Mujeres (INM).
“Yo estoy convencida que los gobiernos han sido responsables, no sólo omisos en esta práctica, y no hablo de los gobiernos actuales, hablo de este sistema político mexicano que históricamente ha excluido a los pueblos indígenas, y en esa exclusión y marginación afecta más a las mujeres”.
López Sánchez destacó que en zonas de Veracruz se ha tenido noticia de esta práctica, pero en donde se está haciendo el acompañamiento de la estrategia es en Guerrero y si hubiera necesidad de hacerlo en esta entidad, se haría.
Mencionó que para combatir esta problemática se está en el proceso de la incorporación de las autoridades municipales y desde el gobierno federal garantizando que todas las niñas tengan becas para ir a la escuela.
Indicó que si se garantiza el derecho a la educación se obtiene en consecuencia que las menores tengan información y puedan acceder al ejercicio de otros derechos, como puede ser el agrario, el cual se promueve como una herramienta para que las mujeres puedan decidir sobre la tierra y sobre su cuerpo, además de que están en proceso de formación con las autoridades comunitarias a base de diálogo.
Aclaró que la venta de niñas y jóvenes no puede achacarse a un uso y costumbre, pues ese concepto implica una acción legitimada por el conjunto de la comunidad y comunidades y practicadas por ellas, como puede ser la fiesta, la forma en que eligen la autoridad, incluso su lengua.
Mencionó que la venta de menores tiene que ver con muchas condiciones, como el que las mujeres no tienen garantizado su acceso a la educación, los mismos hombres tampoco.
“Con esto lo que quiero decir es que no forma parte esta practica de los usos y costumbres, sino de la práctica de algunas familias que no han tenido garantizado el acceso a todos sus derechos y que requieren necesariamente de la intervención y acompañamiento de los gobiernos estatales, municipales, la comunidad en su conjunto, atiendan esas problemáticas para que no se presenten”, remarcó.
Sánchez López fue entrevistada durante la visita que realizó al municipio de Rafael Delgado para asistir a la Jornada de Justicia Itinerante de Mujeres Indígenas y Rurales del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31.