Xalapa | 2024-05-10
En el marco del Día de las Madres, 33 colectivos de mujeres y familiares que buscan a personas desaparecidas en Veracruz exigieron a los candidatos a puestos de elección popular que, de resultar electos en las próximas votaciones del 2 de junio, brinden atención especial a la crisis forense y de desapariciones que azota a la entidad.
Las integrantes de estas organizaciones, que representan a miles de familias en la búsqueda de sus seres queridos, hicieron un pronunciamiento conjunto dirigido particularmente a quienes aspiran a ocupar una curul en el Congreso del Estado de Veracruz y a los candidatos a la gubernatura.
En su mensaje, las madres señalaron que, si bien ha habido avances en la creación de instituciones y con acciones como la promulgación de la Ley estatal en materia de desapariciones, estos esfuerzos aún son insuficientes para enfrentar la magnitud de la crisis.
Los colectivos expusieron que, en el último mes, algunas familias de desaparecidos han sufrido el asesinato de familiares, amenazas e incluso muertes por condiciones de salud derivadas de la búsqueda incesante de sus seres queridos.
"Este plan se debe coordinar con todos los niveles de gobierno, incluyendo las alcaldías. (Recomendación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, informe 2022)".
Además, pidieron gestionar la participación de las familias en todos los procesos para abordar las desapariciones y mantener los espacios de diálogo de forma regular y programada entre las instituciones del Mecanismo Estatal de Coordinación.
Los colectivos exigieron atender la crisis forense de Veracruz, mejorando instalaciones, tecnología y capacitación, aparte de fortalecer el Mecanismo Estatal de Búsqueda con un presupuesto suficiente y nombrar a una persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz según el protocolo establecido.
Además, demandaron reconocer los impactos de las desapariciones en la salud de las familiares que buscan a desaparecidos y crear un plan de intervención en salud, así como incrementar el número de casos judicializados y la fuerza de las sentencias, entre otros requerimientos.