Xalapa | 2023-12-19
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 137VG/2023, exigiendo una disculpa pública por la violencia política sufrida por los integrantes del Partido Demócrata Pozarricense y trabajadores de Pemex, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en 1958.
Este pronunciamiento surge tras la acción represiva conocida como la ´Matanza de Los Goyos´, perpetrada en el contexto de protestas por un fraude electoral durante la elección del presidente municipal.
Inicialmente, la queja involucraba a siete personas, a las que posteriormente se sumaron otras 13, todas afectadas por las violaciones a sus derechos humanos en Poza Rica el 6 de octubre de 1958.
La CNDH atribuye estas violaciones a servidores públicos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex), la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz (PJEV) y el Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo.
El movimiento "Los Goyos" fue reprimido sistemáticamente, siendo considerado como una amenaza por los grupos de poder liderados por Jaime Merino, político y cacique, y Pedro Vivanco, secretario de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
La CNDH, a través del expediente CNDH/PRE/2023/6979/VG a cargo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado, documentó estas violaciones tras recabar información, testimonios de sobrevivientes, testigos y familiares, realizar diligencias en archivos históricos.
Tras analizar las pruebas, la Comisión concluyó que se consumaron graves violaciones de derechos humanos contra militantes y simpatizantes del Partido Demócrata Pozarricense y del Sindicato Petrolero en Veracruz.
Estos individuos, opositores al régimen priista, fueron afectados por la matanza del 6 de octubre de 1958 y otros eventos, incluyendo detenciones y persecuciones políticas.
El organismo documentó la ausencia de procedimientos legales, con detenciones arbitrarias llevadas a las instalaciones de la DFS en Ciudad de México.
La represión continuó con persecuciones políticas y violaciones graves a los derechos de opositores, como la desaparición forzada de uno de los líderes del movimiento por parte de la Dirección Federal de Seguridad.
Como resultado, la CNDH recomendó a la Secretaría de Gobernación (Segob), Sedena, FGEV, Pemex y al Ayuntamiento de Poza Rica llevar a cabo un acto de reconocimiento y disculpa pública por las violaciones entre 1958 y 1966.
Además, se instó a preservar sitios de memoria como la Plaza Juárez en Poza Rica, donde se creará un memorial, y a colaborar con la denuncia ante la Fiscalía General de la República, la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y la reparación integral del daño.
La Segob y el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, deberán ofrecer atención psicológica y tanatológica a familiares de cuatro víctimas.
La CNDH recomendó a Sedena y Pemex impartir cursos formativos sobre estos eventos, y al Ayuntamiento de Poza Rica cambiar nomenclaturas o retirar monumentos relacionados con los perpetradores, señalados por las violaciones a los derechos humanos.