Xalapa | 2024-07-02
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció que el Gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, tiene la capacidad de intervenir ante el deficiente servicio de los organismos operadores de agua en la zona metropolitana de Veracruz.
A pesar de esto, el gobernador atribuye públicamente la responsabilidad a los gobiernos municipales por no atender las quejas de los ciudadanos.
Según la CNDH, tanto las autoridades veracruzanas como las federales están permitiendo un "deterioro ambiental" en la zona al tolerar el mal servicio del Grupo MAS y la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB).
En su recomendación 119/2024, la Comisión resalta la ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales, lo que afecta al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y al Área Natural Protegida Arroyo Moreno, así como a la población local.
La contaminación pone en riesgo las fuentes de agua para consumo humano, tanto superficiales como subterráneas, comprometiendo la salud pública.
"Con esa contaminación se ponen en riesgo las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, ya sean superficiales o subterráneas, puesto que, al regresar al medio ambiente, en calidades no aptas se compromete la salud pública en la zona", señala el expediente.
La CNDH denunció que la descarga de aguas residuales sin tratar afecta la calidad de las fuentes de agua, violando el derecho humano al agua.
Además, el Instituto Metropolitano de Agua (IMAVER) y la Procuraduría de la Defensa de los Usuarios del Agua (PRODEAGUA) no están cumpliendo con la vigilancia adecuada respecto a las concesiones otorgadas al Grupo MAS.
La CAB tampoco proporciona información sobre el tratamiento de aguas residuales, alerta la CNDH.
Las recomendaciones están dirigidas a varias autoridades, incluyendo al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, y a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera.
También se mencionan al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez y al presidente municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal.
También se incluye y al presidente municipal del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade.
La CNDH indicó que, aunque Conagua, Profepa y la Procuraduría estatal del Medio Ambiente (PMA) han realizado inspecciones e iniciado procedimientos administrativos, estas acciones no han sido suficientes.
"Las referidas autoridades tienen la obligación de impedir a terceros, ya sean particulares, grupos, empresas o autoridades locales, que contaminan cuerpos de agua", afirmó la comisión.
La falta de medidas efectivas de vigilancia y sanción permite vulneraciones a los derechos humanos y al medio ambiente.
Además, se destacó la insuficiencia de medidas de control de la calidad del agua en el estado de Veracruz; "no se observó la toma de medidas necesarias por parte de las autoridades locales para controlar la calidad de las aguas en el Estado de Veracruz.
Así como "aplicar las normas ambientales y en materia de agua previstas tanto en las leyes ambientales y de agua estatales, como en las NOM´s; vigilar el cumplimiento de esa normativa y, en su caso, aplicar las sanciones respectivas", mencionó la CNDH.
La CNDH también señaló la responsabilidad del Grupo MAS y CAB en la contaminación por la descarga de aguas residuales.
En las inspecciones realizadas por la CNDH y personal de Conanp, se comprobó la presencia de niveles de contaminación en varios puntos de recolección de muestras en el puerto de Veracruz y Boca del Río.
En cuanto a la vigilancia de descargas locales, el Ayuntamiento de Boca del Río informó que los reportes están bajo resguardo de la concesionaria, mientras que los organismos de Veracruz y Medellín no respondieron.
IMAVER indicó que es supervisor del título de concesión del Grupo MAS y puede imponer sanciones por incumplimiento, aunque no se han registrado sanciones recientes.
El Ayuntamiento de Medellín, por su parte, declaró que no supervisa la planta de tratamiento de aguas residuales del Fraccionamiento Arboleda San Ramón, competencia de Conagua, la Secretaría de Salud y la Procuraduría estatal.
La CNDH concluyó que hay violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, agua potable, saneamiento y participación pública en la zona metropolitana de Veracruz.
En su recomendación se pronunció sobre las tarifas de agua potable, autorizadas por el Congreso del Estado de Veracruz.
Las recomendaciones de la CNDH buscan abordar la contaminación ambiental en cuerpos de agua y mejorar la gestión de recursos hídricos en la zona metropolitana de Veracruz.
De acuerdo con la CNDH, la Conagua debe colaborar en un plan de remediación y prevención de la contaminación, realizar visitas de verificación y enviar reportes de cumplimiento en seis meses.
Se recomienda un inventario de puntos de descarga en la ZMV, iniciar procesos administrativos por irregularidades y presentar denuncias.
También se propone un curso de derechos humanos enfocado en el agua potable para el personal de CONAGUA y la designación de un enlace de alto nivel para seguir estas recomendaciones.
Profepa debe concluir rápidamente los procedimientos administrativos pendientes y participar en el plan de remediación.
Se recomienda un curso de derechos humanos sobre agua potable y saneamiento para su personal en Xalapa y la ZMV, así como presentar denuncias contra servidores públicos involucrados en irregularidades.
El gobernador de Veracruz debe desarrollar un plan interinstitucional de remediación y prevención, realizar la toma de muestras en puntos de descarga y acelerar procedimientos administrativos contra los responsables de la contaminación.
También se sugiere estudiar la posibilidad de aumentar las tarifas de los servicios de agua y mejorar la conexión de usuarios domésticos a la red de drenaje.
Además, se recomienda un informe sobre los impactos del cambio climático en la ZMV y la designación de un enlace de alto nivel para seguir estas recomendaciones.
El Ayuntamiento de Veracruz debe realizar campañas de concientización sobre el pago de servicios de agua, regularizar el padrón de usuarios y mejorar la transparencia en la publicación de información sobre el servicio de agua potable y saneamiento.
También se recomienda vigilar la conexión de usuarios domésticos a la red de drenaje y estudiar la posibilidad de instalar medidores de consumo de agua.
El Ayuntamiento de Boca del Río debe concientizar a la población sobre el pago de servicios de agua, regularizar el padrón de usuarios y mejorar la publicación de información sobre el servicio de agua.
También se sugiere implementar medidas para monitorear el consumo de agua y vincular a la sociedad civil en la mitigación de la contaminación ambiental.
Finalmente, al Ayuntamiento de Medellín se le recomienda participar en el plan interinstitucional de remediación, instalar medidores de caudal de agua y vigilar la conexión de usuarios domésticos a la red de drenaje.