Orizaba | 2022-05-27 | Nora Gabriela Lira
Por no acatar la orden de un juez federal en el caso del inmueble de iCinemas, el Ayuntamiento de Orizaba no solo se expone a una sanción económica, sino a la destitución de los funcionarios públicos que hayan participado en la acción del desalojo, como pudiera ser la síndica Michelle Fragoso, indicó el abogado Edgar Herrera Cerón, experto en temas de administración pública.
Mencionó que tal parece que la encargada del área jurídica, América Argumedo, no está actualizada y no da buena asesoría al ayuntamiento, y podría ser otro litigio perdido para la administración como otros que ha llevado la abogada.
"Hasta donde tenemos entendido ya hay un requerimiento a la autoridad municipal para que devuelva el edificio a los quejosos. No lo han hecho, entonces pueden venir sanciones; primero de carácter económico y después un poquito más fuertes, incluso hasta la destitución de los funcionarios municipales que hayan estado presentes en el desalojo".
Herrera Cerón mencionó que si bien no tiene conocimiento de cómo se han estado desahogando esos procesos, la información que han dado los quejosos permite avizorar que habrá situaciones no gratas para el ayuntamiento.
Recordó que el espacio es usado porque el ayuntamiento tiene la posesión del mismo, pero lo tienen que devolver sin esperar a ninguna resolución porque la autoridad federal podría hacer uso de los medios de apremio que tiene para que se cumpla.
Esos medios de apremio, explicó, sería la sanción económica y hasta la destitución de los funcionarios que intervinieron en el acto de autoridad que les causó agravio, y hasta se les podría fincar una responsabilidad en contra de los actores que participaron en el desalojo, como la síndica y hasta los policías municipales.
En cuanto al alcalde, abundó, podría ser requerido para que por su conducto entere a sus inferiores que tienen que dar cumplimiento a las disposiciones que emitió la autoridad federal, pero al no acatar la orden él mismo sería responsable de manera indirecta.
El abogado mencionó que la sanción económica sería del bolsillo de los funcionarios públicos, no del erario, para no afectar a la ciudad.