Ciudad de México | 2023-08-03
La disputa legal entre Telemundo Network Group y Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico por las autoridades mexicanas, continúa en escalada.
Ávila Beltrán habría estado a punto de recibir cerca de 500 mil pesos por el uso no autorizado de su imagen en la promoción de la teleserie La Reina del Sur, como primer paso en una estrategia legal para obtener más de 250 millones de dólares en regalías generadas por una de las telenovelas más exitosas de los últimos años.
Ante la posibilidad de que el monto se eleve, tal como planea la defensa de Ávila Beltrán, Telemundo ha lanzado un contraataque legal y ha llevado el caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con el objetivo de evitar, al menos por ahora, el pago de la multa y, en última instancia, desestimar todo el proceso.
MILENIO ha tenido acceso a documentos que revelan la contraofensiva de Telemundo. En ellos, se evidencia que Elizabeth Ortiz Guzmán, magistrada instructora de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA, ha dado inicio a un juicio contencioso administrativo solicitado por Telemundo, buscando que se absuelva de la infracción impuesta por el uso de la imagen de Ávila Beltrán para promocionar la segunda temporada de "La Reina del Sur", protagonizada por Kate del Castillo.
Al declararse competente para analizar el juicio, la magistrada ha detenido temporalmente la multa de 448 mil 100 pesos, una cantidad que parece mínima en comparación con las pretensiones de Ávila Beltrán, quien busca el 40 por ciento de las regalías de la exitosa teleserie, cuyas ganancias estimadas ascienden a 700 millones de dólares.
No obstante, los montos no reflejan la complejidad del caso. La multa de casi medio millón de pesos fue impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como un primer paso hacia la posible orden de un pago millonario por parte del Poder Judicial.
Para evitar llegar a esa instancia, el equipo legal de Telemundo ha apelado al TFJA, como último recurso antes de enfrentar el caso ante los tribunales. Sus abogados argumentan, en primer lugar, que la empresa no es propietaria del sitio web donde supuestamente se mostró un video que mencionaba a Ávila Beltrán sin autorización.
Además, se amparan en el "derecho de la imagen", sosteniendo que las imágenes utilizadas de la denunciante fueron tomadas en lugares públicos y solo con fines informativos o periodísticos.
Todos, en nuestro país, tenemos el indiscutible derecho a conocer y expresarnos sobre las actuaciones de nuestros gobernantes en el desempeño de sus funciones, incluyendo el derecho de conocer sus actuaciones en la impartición de justicia y, sobre todo, tratándose de delitos que tienen un gravísimo impacto en nuestra sociedad como el narcotráfico, señalan los argumentos del equipo jurídico de Telemundo.
La defensa también hace hincapié en que Ávila Beltrán fue acusada públicamente de delitos relacionados con el narcotráfico, arrestada y extraditada, lo cual, según ellos, justifica la expresión y el interés público en su figura.
Además, la empresa ha destacado que la resolución del IMPI imputa a Telemundo Network Group el beneficio del video, cuando en realidad fue Telemundo Global Studios la favorecida.