Ciudad de México | 2022-12-23
México requiere expandir los programas públicos enfocados al campo hacia un mayor número de productores agrícolas, especialmente los del sur del país donde están los pequeños, además de poner más atención a los precios de garantía para evitar generar dependencia o políticas clientelares, se establece en un estudio presentado por investigadores de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.
Luis Fernando González Martínez y Roberto Iván Escalante Semerena, especialistas en el tema, analizaron los resultados de las políticas implementadas durante el periodo 2010-2019, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales ponen en evidencia la importancia que tienen factores como el dinero destinado, área de trabajo, número de apoyos, productividad y sequía sobre el volumen generado y el valor de la producción de los bienes agrícolas.
González Martínez, también especialista del área de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas, precisó: las políticas implementadas durante los últimos años solo han acentuado la desigualdad regional al no tomar en cuenta que más de 70 por ciento de las unidades de producción rural es atendido por pequeños productores, campesinos e indígenas que apenas poseen superficies menores o equivalentes a cinco hectáreas.
Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que un país debería importar, como máximo, 25 por ciento de los alimentos que se consumen; sin embargo, México adquiere del extranjero más de 43 por ciento de productos básicos: maíz, soya, frijol, manzana, etcétera, considerados estratégicos para la soberanía alimentaria y que en numerosas ocasiones se destina para autoconsumo, argumentó.
La nueva política de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está enfocada en los subsidios, con el objetivo de apoyar a la población rural más pobre ya que el problema del campo en México ha sido la consistente pobreza debido a la baja productividad y acceso a la protección social, como es el caso de las trabajadoras quienes solo 28 por ciento percibe un ingreso, señaló.
En tanto que la población más vulnerable son los miles de jornaleros que se desempeñan sin acceso a la protección social, y con salarios a la baja, resaltó.
Los investigadores proponen nuevas políticas a invertir en innovación tecnológica, sistemas de riego y semillas; no basarse en pesticidas o herbicidas, sino en biotecnología, la cual busca conciliar la actividad económica apoyada en innovaciones amigables con el medio ambiente.