Xalapa | 2023-08-10
Todo mal en el caso de la Fiscalía General del Estado en contra de la jueza Angélica Sánchez, por eso no es extraño el revés que recibió desde el Consejo de la Judicatura Federal este miércoles 9 de agosto, palo que alcanzó al Poder Judicial del Estado y que, ni modo, tuvieron que atender en menos de 24 horas.
El desaseo en el proceso contra Angélica Sánchez llegó desde su primera detención el 5 de junio. En ese momento, la actuación precipitada de la FGE pronosticaba el fracaso en el que finalmente está terminando el caso.
En ese momento, la jueza fue aprehendida sin ninguna prueba en su contra y privada de la libertad en el cuartel de San José de Xalapa por varias horas. Terminado el plazo legal la Fiscalía tuvo que desistir de ejercer acción penal en su contra, cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya había afirmado que el arresto tenía que ver con un supuesto soborno que la togada había recibido para facilitar la libertad al presunto líder criminal Itiel N, alias el "Compa Playa".
Pero por si no hubiera sido suficiente el chasco, la jueza denunció que durante el tiempo que fue privada de la libertad -indebidamente-, se ejercieron actos de tortura en su contra.
Ya desde ese momento se veía que los pasos subsecuentes de la Fiscalía de Veracruz no tendrían un buen destino y serían igual de torpes que desde el inicio.
El caso de Angélica Sánchez llegó al Senado de la República el 15 de junio, en la Cámara Alta recibió trato de presa política y su asistencia dio pie para que el senador Ricardo Monreal, "corcholata" presidencial de Morena, reviviera las acusaciones en contra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez por el uso de las instituciones de justicia en contra de "inocentes".
La respuesta de la FGE llegó, sorpresivamente, al día siguiente y fue más torpe y burda que la primera vez. El 16 de junio fue detenida en un hotel de la Ciudad de México, cuando estaba por dirigirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar su caso.
La detención fue videograbada por familiares de la jueza. En ese momento, se advirtió a los agentes ministeriales que contaba con un amparo que la protegía contra la orden de aprehensión, pero esto no fue suficiente para evitar el arresto, tampoco para que el juez de control legalizara la detención, hiciera las imputaciones por delitos contra las instituciones públicas y, finalmente, la vinculara a proceso.
Para coronar el fiasco, le fue impuesta en un primer momento prisión preventiva justificada por un año y medio, medida que fue combatida a través de un amparo, obligando al juez de control a enviarla a su casa bajo resguardo domiciliario.
Con todo lo anterior, solo la fiscal Verónica Hernández, la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez siguen pensando que la resolución al amparo que le concede la libertad inmediata a la jueza Angélica Sánchez es un acto que atenta en contra de la justicia, cuando es todo lo contrario, un acto sustentado en la Ley misma.
Habría mejor que voltear a ver la incapacidad de las instituciones locales encargadas de procurar y vigilar la justicia, así como la intromisión del Ejecutivo Estatal en los órganos autónomos, que son la causa por la que con todo y las pruebas que presumen tener, no pudieron sostener las acusaciones en contra de una jueza a la que señalan de recibir un soborno de un supuesto líder criminal.
Plantearse también, que este no es el primer palo desde el Poder Judicial de la Federación al gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado, en casos que deberían resultar mero trámite.