Veracruz | 2020-05-28 | Raymundo Jiménez
La reciente separación de manera temporal de Kayosci Guerrero Ortega como titular de la Policía Federal Ministerial destapó la cloaca al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), pues el jefe policiaco ha sido implicado en el caso de un presunto falso cateo y robo en una residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, propiedad del empresario petrolero Eduardo Natividad Maqueda, lo que ya desencadenó la detención de cinco elementos de la PFM, entre ellos, el director del Grupo Especial de Operaciones, Armando Sánchez Gutiérrez, además de que estarían en la mira otros siete funcionarios más de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO que habrían participado en esta operación.
Esta acción del fiscal Alejandro Gertz Manero estaría por replicarse en algunas entidades donde menudean también las denuncias de presuntos actos de corrupción y de presumibles complicidades de delegados, agentes y policías ministeriales federales con grupos del crimen organizado.
Veracruz es un ejemplo. Este martes, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación rafaguearon las instalaciones de la Subdelegación de la FGR en Acayucan. No hubo muertos ni heridos, solamente los impactos de bala incrustados en paredes y en un par de vehículos.
De acuerdo con una versión extraoficial, el ataque habría sido en respuesta a que la noche del lunes 25, en un retén de la Policía Federal supuestamente fueron retenidos miembros de dicho cártel que transportaban 10 paquetes de cocaína, los cuales les fueron requisados a cambio de dejarlos ir. Pero la droga, presuntamente, no fue declarada ni entregada a ninguna instancia ministerial sino que habrían pretendido comercializarla en el mercado negro.
Por este incidente, todos los policías de la Subdelegación de la FGR en Acayucan fueron cambiados pero sólo de adscripción.
Funcionarios de la FGR nos enviaron un video que circula en redes sociales, en el que se hacen graves denuncias y urgen a hacer cambios en la estructura y funcionamiento de la PFM, ya que señalan que los titulares que llegaron con el cambio de gobierno "se sumaron a la corrupción que ya teníamos y la hicieron más marcada".
Cuestionan concretamente a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, quien como titular de la Coordinación de Métodos de Investigación de la FGR promovió el pasado 16 de mayo a Antonio Pérez García como encargado de la PFM pese a que había sido destituido y reprobó el examen de confianza.
Denuncian que todos los delegados regionales llevan su cuota a los directores y titulares en Ciudad de México y que de igual manera se venden todas las subsedes de la PFM en los estados de la República. Afirman que por un cambio de adscripción de la PFM cobran regularmente 50 mil pesos, y que las plazas de delegados regionales se cotizan en millones de pesos, lo que obviamente los obliga a pactar con grupos criminales para recuperar su "inversión".