México | 2024-09-06
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) entregó este miércoles al Congreso de Veracruz el informe de seguimiento a las auditorías de las cuentas públicas correspondientes a los años 2017 a 2022.
Este reporte no solo detalla los montos resarcidos a la hacienda pública, sino también las denuncias penales contra presuntos responsables de daño patrimonial.
El pasado 5 de marzo, el ORFIS había presentado un informe similar, el cual también cubría el periodo 2017-2022. A grandes rasgos, el expediente revela que, tras la revisión de las cuentas de 2017, se interpusieron 61 denuncias ante las fiscalías Especializada en Combate a la Corrupción y de Investigaciones Ministeriales por un probable daño patrimonial superior a 852 millones de pesos.
Para el ejercicio fiscal de 2018, se interpusieron 7 denuncias que expusieron un presunto daño patrimonial de mil 177 millones de pesos. El mayor porcentaje de estas denuncias se refiere al Sistema Estatal de Videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública.
En la auditoría de 2019, se presentaron 68 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, relacionadas con un monto total de 150 millones 344 mil pesos. Los denunciados son en su mayoría ayuntamientos, destacando Alvarado con 5 denuncias, Tihuatlán con 4 y Altotonga con 19.
Para el año 2020, se formularon 45 denuncias por un presunto daño patrimonial cercano a los 45.5 millones de pesos, siendo el Ayuntamiento de Alvarado el señalado en media docena de acusaciones penales.
En 2021, se añadieron 3 denuncias más —dos contra Alvarado y una contra Zongolica— por un probable daño patrimonial de 2.5 millones de pesos. En cuanto al ejercicio de 2022, 250 expedientes estaban en revisión hasta marzo pasado; en ese momento ya se había registrado una denuncia contra los responsables del manejo de los recursos en el ayuntamiento de Jamapa.
La actualización del informe entregado por el ORFIS al Congreso este miércoles deberá incluir las denuncias presentadas ante la fiscalía veracruzana por probable daño patrimonial en los municipios de Tehuipango (con tres denuncias acumuladas), Altotonga y Zentla, registradas el 26 de abril y el 20 de junio del presente año.
Entre 2017 y 2022, el órgano auditor procedió principalmente contra dependencias del gobierno estatal yunista y diversos ayuntamientos en funciones durante el cuatrienio 2017-2021. Hasta ahora, solo se han denunciado los responsables del manejo de recursos en cuatro administraciones municipales actuales: Jamapa, Tehuipango, Altotonga y Zentla.
El informe presentado por el ORFIS pone de manifiesto la magnitud de las irregularidades encontradas durante la fiscalización de los últimos años y subraya la necesidad de un sistema de control más riguroso y transparente en la administración pública.
La capacidad de respuesta de las autoridades y el seguimiento efectivo de estas denuncias serán cruciales para garantizar que los recursos públicos sean administrados con la debida integridad y responsabilidad.
@luisromero85