Xalapa | 2024-02-05
En 2010, durante los últimos días del sexenio de Fidel Herrera, el Congreso local de Veracruz aprobó los nombramientos de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, Fernando Charleston Salinas, Gladys Pérez Maldonado y Víctor Manuel César Rincón.
Hubo inconformidad y molestia entre abogados y jueces, porque no contaban con antecedentes ni carrera en el Poder Judicial; a pesar de ello, a propuesta del Ejecutivo, los diputados locales dieron luz verde.
Entre las expresiones de rechazo al nombramiento de magistrados sin carrera en el Poder Judicial destacó la voz de Yolanda Cecilia Castañeda: "ahora cualquier pendejo puede ser magistrado"; recordó: la Constitución Política del país establece que tendrán preferencia en esos nombramientos quienes cuenten con carrera judicial.
Lo mismo ocurrió en el gobierno de Duarte: a mediados de 2016 asumieron espacios en el Poder Judicial Francisco Portilla, Patricia Montelongo y Lizbeth Hernández.
Miguel Ángel Yunes lo intentó, pero no le fue posible heredar magistrados y optó por retirar la propuesta para nombrar a 12.
El tema surge hoy a propósito de la discusión en el Congreso del Estado sobre nuevos nombramientos en el Poder Judicial.
En la reunión del pasado miércoles 31 de enero, el asunto fue retirado de la orden del día por falta de acuerdos. El diputado presidente de la JUCOPO en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, respondió así a las preguntas de la prensa: "no voy a permitir que nadie venga a querer mandar aquí..."
El asunto se empantanó.
Un grupo de abogados de la zona centro del Estado, encabezados por Silverio Gasca Vázquez, presentó su inconformidad por los nombramientos que se cocinan: "no reúnen los requisitos"; apuntaron: para esos espacios se requiere experiencia y carrera judicial; está en juego la correcta impartición de justicia en la entidad.
De acuerdo con las voces disconformes, integran la lista de nombramientos personas como Ángel Alarcón Palmeros, director de Transporte de Veracruz; Arturo Sosa Vázquez, director de Patrimonio del Estado; y Sarahí Peña Galaviz, subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública.
Ninguno de ellos, en efecto, cuenta con carrera judicial; no han sido jueces de primera instancia, ni de control, ni municipales; tampoco visitadores; ni siquiera secretarios de juzgado; aunque eso carece de importancia, lo cual quedó evidenciado en los nombramientos dictados por los gobiernos anteriores.
La ley (Artículo 58 de la Constitución Política local) establece: para el nombramiento como magistrado se requiere ser veracruzano mayor de 35 y menor de 60 años; tener el título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de 10 años, y contar preferentemente con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menos de ese lapso.
Como sea, con la mayoría de Morena-PVEM-PT y nuevos aliados, no se esperan demasiados problemas para la aprobación de esos y otros nombramientos; sin embargo, el tema se relacionará más con la identificación de los nuevos magistrados, que estarán en funciones hasta 2034.