Xalapa | 2024-09-15
Lo sucedido, según los opositores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el efecto de "acción-reacción". La Suprema Corte protestó, movilizó masas de trabajadores y estudiantes e inclusive salió a la calle en defensa de sus intereses, léase fideicomisos, de las decenas de decenas de familiares incrustados en sus nóminas, salarios y prestaciones descomunales para un servidor público. La respuesta de legisladores federales y estatales fue contundente: La Reforma Va.
"La SCJN no se Toca", se pretendió gritar el pasado 8 de septiembre ante la inexistente marcha de la Marea Rosa, esa que jamás salió ni se pronunció. Pero la Reforma Judicial debe terminar con la impunidad del poder judicial en México.
El antecedente controlado por todos ellos: "El entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofreciendo mediante la figura de jubilación inmediata sus canonjías, para separar de su cargo a sus 26 ministros, dejando solo 11. Sucedió en 26 días: el primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995. Entonces no se escucharon las expresiones corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o algo por el estilo. El argumento formal fue: es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari". (Contralínea). Pero....
Ahí los medios callaron sepulcralmente. Los trabajadores no salieron a las calles ni tomaron calles ni recintos del Congreso. No hubo porros estudiantiles movilizados. La iglesia chitón. La Embajada de USA, sus cámaras de comercio e industria enmudecidas, los empresarios nacionales y compinches incrustados en puestos políticos, legislaturas, ONG´s, sociedad civil adormecida y hasta los intelectuales orgánicos, bendecidos del gasto público, guardaron silencio institucional previo voluminosos moches. Todo se llevó en santa calma y el pueblo tragó camote de cajón.
Después esos jueces, ministros y magistrados fueron designados por el propio Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, para así hacer que a la justicia se la lleve pifas: Los expedientes se adormecieron por décadas, a fin de mantener presos a los que hurtaron gansitos, bolsitas de papas, una qué otra fruta o verdura, minucias más por hambre que por acción delictiva, mientras los otros, los lavadores de dinero, los empresarios evasores y defraudadores fiscales, los funcionarios corruptos, los curas pederastas, los que robaban el gasto público a diestra y siniestra, manteniendo salarios de hambre a los trabajadores, explotando a los campesinos, extorsionando al mercado informal, esos quedaron inmunes.
A ellos amparos al por mayor, decisiones rápidas para que no pisaran cárcel ya que comulgaban cada domingo, daban sus limosnas en silencioso papel, no ruidosas monedas. A ellos los elogios en prensa, radio y TV. Los sábados se volvieron días estratégicos para amparos y sacadas de cárcel a pillos de dentro y fuera del gobierno. Los amparos proliferaron desde el 2018 para frenar toda obra de infraestructura pública en beneficio de la ciudadanía y sobre todo para el crecimiento económico de la nación, así como permitir una equitativa distribución de la riqueza a una población empobrecida, explotada y vilipendiada. El resultado del enojo social que se reflejó en 2 de junio y quedó demostrada por la votación en la Cámara de Diputados y en el Pleno del Senado la reforma al Poder Judicial. La iniciativa fue turnada a los Congresos locales y 24 de ellos aprobaron la reforma. Hoy, el Senado y la Cámara de Diputados declararon la legalidad de los cambios constitucionales al PJF y pasó al jefe del Ejecutivo federal para su publicación.
Un sistema de justicia que extendió cientos de redes de familiares en sus nóminas, que creó una serie de fideicomisos para salvaguardar los privilegios de sus sueldos, prestaciones y cuanto antojo se les ocurriera, hasta llegar a percibir más de 720 mil pesos mensuales, en sueldo, vacaciones, celulares, vehículos blindados, gastos médicos privados, gasolina, comilonas y bebederas a granel, guaruras para sí y sus familiares, pago de colegiaturas y todas las lindezas que producen el ocio y el consumo. En conjunto, los 11 ministros tienen 14 fideicomisos a su disposición, cuyos recursos suman en total 20 mil millones 765 mil 377 pesos, dinero que utilizan a discreción, en total opacidad y sirve para mantener los privilegios de por vida.
En su última intentona porril, un Tribunal de Colima, cuyo un disciplinado juez de la oposición, logro un amparo promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a lo que de inmediato Ernestina Godoy respondió y aseguró que es una muestra más de que se trata de defender "privilegios". La senadora externó su rechazo la medida y aseguró que es notoriamente improcedente: "se les olvida que contra reformas constitucionales no proceden impugnaciones".
Todo se logró por la extraordinaria actuación en la Presidencia del Senado. Con Gerardo Fernández Noroña, al plasmar que formuló la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, pese a todo, griterío, tomas porriles, dado que 23 legislaturas locales votaron a favor del proyecto que permitirá la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La declaratoria pasó donde se repetirá el proceso legislativo para ser enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación este 15 de septiembre y que será anunciado en el Grito por la Independencia de México esta misma noche. La locura, el pueblo dará testimonio de la algarabía de lo que se reflejó en las urnas, con el respaldo legislativo.
Oposición enojada, frustrada que reaccionó violentamente en calles e inclusive invadió, con destrozos porriles al Senado de la República, confirmando mustia disciplina domesticada ante el poder real del capital sobre los intereses de la población. El Law Fare, aquí tragó sapos y escupió lagartijas.