Veracruz | 2022-02-14 | Marco A. Medina
La transparencia es la política fundamental que el presidente López Obrador ha establecido en su relación con los medios de comunicación. Nada se hace detrás de la ciudadanía. Todo se expone ante ella. Las controversias, los desencuentros, el debate, todo se ventila de frente al público al que está destinada la información.
Cada día, a las siete de la mañana, hemos visto en vivo y a todo color, la relación del presidente con los medios. El último desmentido a Loret de Mola y a la campaña calumniosa desatada a partir de la información divulgada, dio pie a una respuesta fuerte y contundente ante el pueblo de México, quien tiene derecho a la información, como lo señala nuestra Carta Magna en su artículo 6º.
Los comunicadores también forman parte del proceso de la comunicación social, esto es, de la vida pública de México en su aspecto informativo. Nadie tiene una patente de corso, ni el servidor público para cometer algún ilícito ni el comunicador para mentir deliberadamente o para insinuar algo que en el siguiente tramo de la comunicación ya se convierte en un hecho incontrovertible y queda como verdad en la opinión pública.
El presidente de la República tiene derecho a la libertad de expresión como lo tiene cualquier ciudadano o los comunicadores. Por su parte, el pueblo tiene derecho a la información, a conocer actos indebidos de algún servidor público como actos reprobables de comunicadores que amparados en la libertad de expresión deciden utilizar este derecho para calumniar y difamar.
Es necesario decir claramente que en el diferendo actual con algunos personajes de los medios de comunicación, el agraviado es el propio presidente, a quien se relaciona con presuntos hechos de corrupción sin haber aportado ningún dato en firme de ello.
La campaña mediática de linchamiento contra el presidente López Obrador quiere restarle autoridad moral y política ante su postura anticorruptible. Los señalamientos hacia su hijo José Ramón se hacen no para dañar la imagen de éste, sino la del político llamado Andrés Manuel. Ante la imposibilidad de haber encontrado algún acto de corrupción o algún conflicto de interés durante más de treinta años de actividad política, la élite de los medios ha hecho varios intentos de vincular a miembros de su familia con eventos mediáticos, de todos los cuales el presidente ha salido librado.
A tal punto se ha llevado esta campaña sucia que el caso de la casa rentada por la esposa del hijo mayor del presidente, se le ha comparado, en extrapolación desmesurada, ni más ni menos, que con el asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto.
A partir de la defensa del presidente de su honor y de su honestidad, los personajes de dichos medios se han sentido señalados y agredidos, y han reclamado para sí el carácter de víctimas cuando en realidad ellos fueron los victimarios.
Pero en el fondo de todo esto se encuentra la reticencia de algunos personajes de los medios y empresas mediáticas a permitir el avance de las transformaciones que se viven en el país. Como en el pasado, y esto es un hecho histórico incontrovertible, junto con periodistas que acompañaban los distintos procesos de transformación que ha vivido el país, algunos otros han desatado campañas desinformativas, tergiversadoras, sobre las transformaciones en curso, poniéndose del lado de la reacción en cada situación histórica.
En todos los casos, ante la mentira escudada en la libertad de expresión, el pueblo ha llevado a cabo las transformaciones que han sido necesarias, amparado en el derecho que tiene toda sociedad a recuperar sus libertades, sus bienes públicos, aminorar las desigualdades y erradicar las tiranías. Ello escudado en el sagrado derecho a la transformación, que ha prevalecido sobre otros que han sido mal usados o desviados de sus propósitos. Recordemos que este derecho hoy en día es un derecho constitucional, establecido en el artículo 39 de la Carta Magna. Ese derecho es el que en realidad está en el centro del debate nacional.
marco.a.medinaperez@gmail.com