Xalapa | 2024-05-22
Estoy seguro que la sociedad en su conjunto coincide que necesitamos un sistema administrativo y de gobierno transparente, con acceso a la información y con formas sencillas y claras de rendición de cuentas, para que el derecho que tenemos a conocer de lo que hace el gobierno con nuestro dinero, puedan ejercerse de manera efectiva.
En la administración pública la acción de rendir cuentas es el proceso que permite que los ciudadanos vigilen y evalúen el actuar de los servidores públicos.
Los 3 Poderes de la Unión: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, junto con los órganos autónomos y en general todo ente administrativo de la República, estados y municipios, deben explicar a la ciudadanía como y cuántos recursos ejercen en las obras, como realizan los servicios públicos, la conservación y el mantenimiento de la infraestructura y las acciones de educación y creación de empleo.
No sólo eso, también en su actuar personal aquellos que ejercen la administración tienen la obligación de declarar cuánto ganan, de dónde vienen sus ingresos, así como los bienes patrimoniales que poseen e incluso su crecimiento o decrecimiento.
Ahora bien, aunque la Ley de responsabilidades de los servidores públicos establece el mes de mayo de cada año para cumplir con la declaración de modificación patrimonial, es obligación permanente cumplir con la normatividad vigente.
En un estado democrático sus miembros siempre deben estar sometidos al escrutinio público, no sólo los servidores públicos de alto nivel sino todos aquellos que ejercen recursos públicos, pues además sabemos que el gobierno no produce dinero, sino que recaba y administra el que Tod@s aportamos, no hay otra fuente.
El gobierno que se conduce con una administración transparente, que rinde cuentas y facilita la consulta de sus datos, sienta las bases sólidas para erradicar la corrupción, atajando, para reprimir y castigar - en su caso - a todos los servidores públicos de todos los niveles que les permiten mal utilizar los recursos que corresponden a la población gobernada. Dilapidar el dinero es igual que tirarlo a la basura o robarlo, incluso hasta los subejercicios.
No creo que la corrupción está en el ADN de los servidores públicos ni tampoco del resto de la población. En lo que sí creo, es en la necesidad de promover por todas las vías que la comunidad trabajadora que integra las instituciones – debe y debemos llevar a cabo – profundas transformaciones en los procesos de compras, de los servicios y de la ejecución de obra pública que se realizan en el sector gobierno.
La transformación institucional no debe verse sólo en términos de ahorros, sino también en el manejo eficiente y transparente de los miles de millones de pesos del presupuesto y en la prevención de la corrupción y de la impunidad.
Prevenir es mejor que corregir, mejorar los sistemas de trabajo permite anticiparnos a posibles denuncias, pero de ser necesario se debe actuar con energía al amparo de la ley.
Lastimar la confianza es característica de los sinvergüenzas sin importar el nivel que tengan. De ahí la importancia de hacer fuerte al INAI en lo federal y el IVAI en lo estatal en Veracruz, a los Órganos Internos de Control (OIC) en todas las instituciones y niveles de gobierno, y permitir que incluso los ciudadanos libremente señalen y procedan a las denuncias.
Es importe que los actos no queden impunes, y también, que todos los servidores públicos sean decentes y no unos sinvergüenzas.
En estos tiempos se habla de actos y acciones irregulares de un Poder u otro, de algunos servidores públicos sea en lo municipal, estatal o federal. Esto demanda que los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de Gobierno -incluso en Estados como el nuestro - trabajen en conjunto, pues divididos y peleando es más que imposible lograrlo.
Sin embargo, la corrupción y la impunidad rebasan las fronteras, lo vemos con temas de migración y las drogas, sólo como ejemplo. De ahí que será mejor unir fuerzas para que esos dolorosos males en México, desde Veracruz se agoten empezando por su abatimiento.
El trabajo colaborativo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo del H. Congreso de la Unión, así como en Veracruz, entre la Contraloría General (CGE), Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y el Congreso del Estado son la ruta del mejoramiento de la fiscalización, descubrir y combatir la corrupción, pero desde la prevención.
Las Contralorias Internas de los Órganos Autónomos en Veracruz – incluyendo a la Universidad Veracruzana – están incluidas en las tareas a las que nos referimos; su rol en el control y la vigilancia suman y mucho a la confianza ciudadana y de las instituciones.
Hasta la Contraloría Social (donde participa la ciudadanía organizada) en coordinación con las dependencias y entidades públicas, además de sumar ojos y voluntades, ayudaría ha impulsar y crear una "cultura educativa", y hasta el sector comunitario (pueblos originarios), así como, afrodescendientes se deben incorporar, pues sus aportaciones se requieren y también cuentan.
Se alcanza a leer en el acontecer de Veracruz que en la recta final para la elección de Gobernador, estará movido en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas concatenado al combate a la corrupción.
¡ES CUANTO !