México | 2024-10-30
Ayer, al presentar el informe de seguridad correspondiente al primer mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, afirmó que se mantuvo la tendencia a la baja en homicidios dolosos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con una disminución del 25.4% en el promedio de asesinatos diarios respecto a febrero de 2019, el punto más álgido en la anterior administración.
"Si comparamos este promedio preliminar de 75.3 registrado en octubre de 2024 con los meses de octubre de los años pasados también se identifica que es el octubre con menos homicidios dolosos desde 2017", señaló este martes la secretaria ejecutiva del SNSP, durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.
Seguramente habrá escépticos que pongan en duda las cifras oficiales, dado las ejecuciones y enfrentamientos que se vienen registrando entre grupos criminales y contra las fuerzas armadas, por lo que la funcionaria reconoció que, pese a la tendencia a la baja, en el estado de Sinaloa se tiene un incremento de homicidios dolosos en septiembre y octubre.
"En todo 2024 era muy estable (la tendencia de homicidios) y fue en la tercera semana de septiembre el incremento que se ha registrado", señaló, atribuyendo este incremento en el número de homicidios a la pugna interna del Cártel de Sinaloa que se agudizó porque Joaquín Guzmán López subió el 25 de julio a Ismael "El Mayo" Zambada en un avión y lo entregó a Estados Unidos.
Debido a ello, la ola de violencia de más de 200 asesinatos en el estado de Sinaloa se desató el 9 de septiembre y ha continuado hasta ahora.
Asimismo, explicó que desde enero de este año prácticamente el 50% de los homicidios dolosos que se han registrado en el país se concentran en seis estados: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León.
Sin embargo, no mencionó al estado de Chiapas, donde el asesinato del padre Marcelo Pérez, perpetrado el 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, fue un caso de alto impacto que sacudió a la cúpula eclesiástica de México y repercutió hasta El Vaticano, donde el papa Francisco condenó el crimen de la misma forma como lo hizo en junio de 2022 con los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, asesinados dentro de un templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua.
Ayer, el diario La Jornada publicó que el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Francisco Javier Acero, informó que desde el año 2000, las agresiones y asesinatos de sacerdotes, seminaristas y dirigentes de comunidades parroquiales han aumentado, lo mismo que pasa en la sociedad civil, incluidos los casos de niños víctimas de fuego cruzado. "Eso es preocupante e indica que el tejido social está roto", advirtió el prelado, quien señaló que la política de abrazos y no balazos no ha funcionado, aunque reconoció que "hay muy buena disposición" del gobierno federal para tener un diálogo con la Iglesia a fin de avanzar en el camino de la paz.
El obispo reiteró la exigencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano para que se retomen los compromisos por la paz elaborados por más de 20 mil personas, los cuales se presentaron durante su campaña a la presidenta Sheinbaum.