México | 2025-02-27
Desde 2013, cuando el entonces secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, anduvo a salto de mata debido a las protestas del combativo Movimiento Magisterial Veracruzano en contra de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, no se había presentado otra crisis similar en la SEV como la que desde el pasado lunes enfrentan la gobernadora Rocío Nahle y Claudia Tello, titular de esa dependencia estatal, cuyas instalaciones han sido tomadas por ocho sindicatos que paradójicamente surgieron en la administración anterior, cuando la secretaría la encabezaba Roberto Zenyazen Escobar, actual coordinador de los diputados federales del partido guinda e incondicional del exgobernador morenista Cuitláhuac García.
En los primeros de 65 días, Tello Espinosa tuvo que destituir al director del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) Felipe Sosa Mora, y a la Oficial Mayor de la SEV, María Esther Reyes González, la cual dimitió luego de que la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, en su comparecencia ante el Congreso local, reveló que más de 200 contratos habían sido adjudicados a empresas con inconsistencias, entre ellas Soluciones y Milagros, creada en 2019, al inicio de la administración de Escobar García como secretario de Educación de Veracruz.
La actividad registrada por dicha empresa era la venta de ropa al mayoreo, sin embargo, recibió contratos por más de 205 millones de pesos para proveer insumos como folders, equipo médico, lapiceros y persianas.
El diputado federal Roberto Zenyazen Escobar negó cualquier responsabilidad en las contrataciones y aseguró que estas dependían de la Oficialía Mayor, pero la extitular, Ariadna Selene Aguilar Amaya, rechazó cualquier relación con las empresas señaladas.
Este martes, el profesor Gustavo Anel Cadena Carrasco, representante del Movimiento Magisterial Veracruzano y miembro de la Unión de Sindicatos estatales, reveló que Escobar García y su sucesor en la SEV, Víctor Vargas, dejaron instaurada además una financiera llamada PROMOBIEN, que realiza descuentos a maestros vía nómina, sin que éstos hayan solicitado préstamos.
Por eso, ha empezado a cobrar fuerza la versión de que el extitular de la SEV estaría detrás de los ocho sindicatos magisteriales que desde hace tres días se apoderaron de las instalaciones de la SEV, con el pretexto del ultimátum que la gobernadora Nahle y la secretaria de Educación les dieron para que todos los maestros agremiados que están "comisionados" en labores sindicales o burocráticas, retornen a las aulas.
Hasta ahora, la mandataria veracruzana y la responsable del sector educativo han sido tolerantes, pese a que, anteayer, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz determinó que las ocho agrupaciones sindicales que desde el pasado lunes mantienen tomadas las oficinas centrales de la SEV son ilegales porque según la Jefatura de Registro de Asociaciones y Condiciones Generales de Trabajo no tienen contrato colectivo de trabajo ni cuentan con autorización para la toma de instalaciones, por lo que estarían infringiendo la ley.
La SEV estaría obligada a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, ya que, de no hacerlo, estaría incurriendo en omisión y complicidad, pues no puede pagar una nómina a trabajadores que incumplen con sus funciones y, además, impiden a otros realizar sus actividades, por lo que dicha acción sería necesaria para no caer en daño patrimonial.